No se puede mentir tanto!!!

En este post intento analizar la nota publicada HOY en La Nación, escrita por el censor de Clemente en épocas de la dictadura, conocido como EL JOACO.

Su nota textual está en negro y mis comentarios van entre líneas en rojo. Empecemos.

Lo que está en juego es la libertad

Por Joaquín Morales Solá | LA NACION

Gendarmería y Canal 7 no tienen nada que ver, salvo que ninguno tomaría ninguna decisión sin previa autorización del gobierno nacional. Un juez de Mendoza y el grupo Vila-Manzano no tienen aparente relación, salvo que los dos están siendo ostensiblemente funcionales a los que gobiernan. Papel Prensa y Cablevisión carecen de relación, pero justo ayer el Gobierno pidió ante la Justicia la declaración indagatoria (con la amenaza del procesamiento, por lo tanto) de los directores de LA NACION y de Clarín por la compra, hace 35 años, de la fábrica de papel para diarios.

Primer párrafo con 3 oraciones, 3 mentiras.

El estatuto de la Gendarmería impone asistencia de la fuerza al Poder Judicial y es eso lo que ocurrió. Ante una orden de un Juez Federal de Mendoza, la gendarmería cumplió su cometido. Fueron destinados sólo 20 hombres para hacer cumplir la orden del Juez en un edificio de más de 14 pisos. En esta ocasión, el joaco se abstuvo de mencionar a 6-7-8, como si lo hace TN cuando indica que el equipo de filmación que acompañaba al interventor designado era de canal 7. El Sr. Vila, en el marco de la discusión de la Ley de Medios, hizo una férrea oposición a la misma estableciendo y adjudicándole equivalencias con la dictadura. La relación existente entre Papel Prensa y Cablevisión es que el accionista mayoritario en ambas es el grupo Clarín, algo que el escriba no desconoce y de hecho toda esta nota y las anteriores de las últimas semanas, las escribe en su defensa. Y canal 7 no es el gobierno, es del estado, que somos todos.

El poder ya ni siquiera se toma el trabajo de disimular que la famosa profundización del modelo consistía en perpetrar todas las venganzas pendientes y que ese proceso comenzaría el día después de inaugurado el nuevo mandato de Cristina Kirchner.

La loable intención de profundizar el modelo se ve absolutamente menoscabada ante la tergiversación de sus alcances dada en esta increíble comparación. Confunde el joaco el accionar de la Justicia y demás poderes del estado con venganzas.

 Es difícil recordar el anuncio de una medida de gobierno necesaria para la sociedad desde el 10 de diciembre hasta aquí, pero todos los días hay una novedad que da cuenta de una revancha o de una mayor acumulación del poder represivo del Estado. Las direcciones del rencor son explicativas por sí solas: los diarios independientes, mediante la eventual confiscación de Papel Prensa; el Grupo Clarín, por el allanamiento y virtual intervención de Cablevisión; el gremio de peones rurales por un proyecto de ley que cambió radicalmente sus condiciones, y los compradores de dólares o dueños de depósitos bancarios que quedaron a merced de una ley que podría calificarlos de terroristas.

Aunque resulte repetitivo no deja de seguir siendo increíble la construcción de semejante relato persecutorio. Es que a quienes ostentan privilegios, el temor de perderlos implica siempre una persecución en su contra. El estado, cuando están vigentes la Constitución y todas las leyes que reglamentan su ejercicio, no es represivo. La utilización del término refiere a la intención de significar como represión al accionar de los poderes del estado para que se cumplan las normas vigentes. Los diarios independientes podrán seguir imprimiendo lo que quieran cuando quieran. De hecho, el joaco no tiene ninguna limitación para seguir escribiendo este tipo de notas. Confiscación de Papel Prensa implica quitársela a sus dueños y nada de eso surge del proyecto votado en diputados en consideración del senado. En cablevisión no hubo allanamiento ni nada virtual, el Juez designó un interventor y ordenó su puesta en funciones. El congreso nacional votó una Ley para modificar el estatuto del peón firmado por Videla. Es una reparación, ninguna venganza. Y la compra de dólares no implica ningún accionar terrorista. Ocurre que el autor necesita ampliar el grupo de afectados por el supuesto “accionar represivo”.

El juez mendocino Walter Bento, que ordenó allanar e intervenir en los hechos a Cablevisión, dispuso que esa empresa fuera separada en todo el país de Multicanal en 60 días. Las órdenes se cumplieron con ayuda de la Gendarmería, custodiada desde el primer instante por las cámaras de Canal 7. Ni Cablevisión ni Fibertel operan en Mendoza; por eso, es más sospechosa la actuación de un juez que aceptó un recurso de un grupo periodístico supuestamente independiente. El grupo Vila-Manzano tiene canales y radios en todo el país, incluida la Capital, donde son dueños de América TV, de un canal de noticias y de radios, en sociedad con Francisco de Narváez.

Ya lo dije, pero sigue asombrando. Es increíble. Cablevisión es la empresa que “de hecho”  administra y dirige Multicanal que es quien ejerce “abuso de posición dominante”, algo que nunca se menciona en los dichos de quienes se sienten afectados. Es más fácil victimizarse por una supuesta persecución que informar fehacientemente. La orden del Juez que interviene ahora resulta sospechosa, no lo fue la medida del otro juez mendocino que suspendió en todo el territorio Nacional la entrada en vigencia de la Ley de Medios. Ese juez era republicano, este es un títere de un grupo supuestamente independiente. Lo cierto es que el grupo Vila-Manzano es monopólico en Mendoza y hace poco intentaba que no funcionara la antena que distribuye la señal estatal que provee televisión gratuita en la zona de cuyo y ni hablar del tema del origen de los fondos de sus accionistas. De la forma en como se constituyó el grupo o de su accionar ni una palabra, sólo la defensa de sus patrones de hoy, que ayer en la era menemista también se  beneficiaron como sus victimarios. Fibertel NO EXISTE como empresa, sólo como nombre de fantasía porque su personería jurídica caducó por pedido de Cablevisión, cuya fusión no ha sido aún autorizada.

Ese grupo, de origen mendocino, está habilitado incluso para no acatar la nueva ley de medios, que está plenamente vigente, con excepción del artículo 161, que ordena la inmediata desinversión de los actuales dueños de canales y radios. La novedad, entonces, es que el Gobierno cuenta ya abiertamente con la complicidad de otro grupo de medios, beneficiario también de una generosa pauta publicitaria.

Multicanal fue absorbido por Cablevisión hace cuatro años, luego de que Néstor Kirchner diera la autorización política para su fusión. La autorización formal fue firmada por Guillermo Moreno, ya secretario de Comercio Interior, el mismo funcionario que ahora lidera la ofensiva contra Papel Prensa, contra Cablevisión y contra el Grupo Clarín en particular. La separación ordenada ahora por el juez Bento es imposible o sólo posible a cambio de dejar sin servicio a la mitad de los abonados a Cablevisión.

La firma autorizando la fusión que refiere de Néstor Kirchner existió pero no fue nunca confirmada por la autoridad de aplicación por lo que el proceso sigue en manos de la justicia en espera de resolución. Que la mitad de los abonados vaya a quedar sin servicio como la puesta en duda de la estabilidad laboral de los empleados serán las herramientas con las que intentarán meter miedo.

“El Gobierno está quitando lo que él mismo dio sólo porque se encontró con nuevos enemigos. Tales arbitrariedades deberán ser resueltas por la Justicia, que debería ocuparse de otras cosas”, reflexionó uno de los jueces de la Corte Suprema. Desde la segura ley que podría terminar con la confiscación de Papel Prensa hasta el manotazo a Cablevisión, todo caerá, tarde o temprano, en manos de los jueces del máximo tribunal del país.

Que increíble es que posea la exclusiva de contar con los dichos de un Juez de la Corte Suprema. Si así fuera, ese juez estaría adelantando opinión ante una causa que se encuentra en tratamiento y a su actual consideración. No es aventurado opinar que esa cita sea una soberana mentira.

Carlos Kunkel acuñó ayer una definición antológica: alguien que pone una bomba es sólo “un técnico en explosivos”, pero quien cambia dólares, retira sus depósitos del banco o ejerce una protesta contra el Gobierno puede ser un terrorista. La ley que sancionará el Congreso no reconoce las tipificaciones de terrorismo diseñadas por las Naciones Unidas ni explicitadas en los tratados internacionales suscriptos por la Argentina. Va mucho más allá de lo que pidió el GAFI, el ente internacional que combate el lavado de dinero. La ley no fue hecha para conformar al GAFI, sino para darle al Gobierno instrumentos de represión para disciplinar a la sociedad. Es una ley que terminará, en manos del Gobierno o de sus jueces amigos, dañando seriamente las libertades personales y públicas.

Aquí está quizás el más esforzado intento de justificar el título de la nota, no ya por defender los intereses de sus patrones sino para meterles miedo a sus lectores, parangonando la compra de dólares con el terrorismo cuando las libertades actuales para efectuar las compras contradicen sus dichos de manera evidente.

Venganzas

“Es una ley propia de una dictadura”, disparó el diputado radical y reconocido jurista Ricardo Gil Lavedra. Gerónimo Venegas, el viejo caudillo del sindicato de peones rurales, fue más allá cuando habló de la ley sobre sus afiliados: “Por vengarse de mí están cometiendo una traición a la patria”. Venegas es un histórico adversario del Gobierno y participó activamente en favor de los productores rurales cuando éstos enfrentaron al gobierno de Cristina Kirchner, en 2008.

La afirmación citada de Gil Lavedra dice muy poco, en todo caso lo malo del supuesto dicente. Lo de Venegas lo eleva al rango de “traición a la patria”, a ese punto llega la defensa de la caja que maneja con los integrantes de la mesa de desenlace con los aportes de “sus peones”.

Es la libertad, en última instancia, lo que está en riesgo con esa ley sobre el terrorismo y con las reiteradas medidas sobre los medios. Sin ese agravio, el Estado no podría aplicar jamás la revancha ni acallar a sus críticos. El jefe del bloque de senadores radicales, Luis Naidenoff, contó que buscó una explicación entre los senadores peronistas por la urgencia que le imponían a la inconstitucional ley contra Papel Prensa. “No busques más. Hay cuentas pendientes”, le contestó uno de los peronistas, según el senador radical. Esto es: entre los derechos que da la victoria está el de la venganza.

Es cierto, hay cuentas pendientes: el acatamiento a las leyes vigentes. El art. 161 de la ley de medios está vigente salvo para Clarín, suspendido por la cautelar de otro juez, obviamente insospechado, porque defiende los derechos de los patrones del joaco. Y con “venganza” aquí tenemos otra expresión inequívoca de la necesidad de apelar a cualquier recurso para defender sus intereses, que se ven afectados por las leyes sancionadas por amplias mayorías.

Hubo otras noticias más indirectas, pero sospechosamente vinculadas con el mismo propósito. Hace un año, Cristina Kirchner acusó públicamente a los dueños privados de Papel Prensa de delitos de lesa humanidad en el proceso de compra de esa empresa a la familia Graiver. No aportó más que el testimonio interesado de quienes no eran ni son herederos de David Graiver ni de sus padres. El Gobierno hizo luego una denuncia ante la justicia federal de La Plata y envió al Congreso el proyecto de ley confiscatorio que se está tratando en estos días. La causa judicial cambió de manos y está ahora en los tribunales federales de la Capital, en el juzgado del magistrado Julián Ercolini.

Ante este juez, el Gobierno insistió ayer en su denuncia de hace un año y pidió la declaración indagatoria de los directores de LA NACION, Bartolomé Mitre, y de Clarín, Ernestina Herrera de Noble. El Congreso está sancionando la ley pedida por Cristina hace un año. Nada se olvida en el kirchnerismo.

Esto es seguramente lo que pone más nerviosos a los dueños del monopolio. Esto si tiene referencia con el título de la nota porque aquí si la libertad está en juego. Pero estamos hablando de las libertades individuales de los acusados que, en caso de demostrarse los hechos de los que se los acusa, perderían la libertad para terminar en prisión. La causa de la apropiación de Papel Prensa sigue su curso. Ya definida la cuestión de competencia, tiene juez.

La investigación que encabezó Moreno, causal de su total y constante demonización por parte de estos medios como en el que joaco escribe, ha sido tan amplia que excede estos comentarios. Lo mismo la investigación del Juez Rafecas, a cargo de la causa antes de la definición de competencia,  que forma parte del expediente. Ayer, se presentaron documentos del Departamento de Estado de Estados Unidos que se desclasificaron que hacen referencia al caso Graiver y que, según los querellantes, demuestra una vez más la connivencia entre las tres armas y los dueños de los medios involucrados.

El escrito presentado ayer al juez Julián Daniel Ercolini pide que sin más trámite se cite a los tribunales tanto a los miembros de la Junta Militar y a los funcionarios civiles que participaron de la maniobra como a los responsables de los diarios que se beneficiaron con el despojo que sufrió la familia propietaria. Se trata del represor Videla, el ex ministro de Economía Martínez de Hoz, el ex secretario de Desarrollo Industrial Raymundo Juan Pío Podestá; la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble; su CEO, Héctor Magnetto y su ex secretario de redacción Reinaldo Gregorio Bandini; el director de La Nación, Bartolomé Luis Mitre, y los directivos del diario La Razón Sergio José Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos y Hugo Fernando Peralta Ramos.

Por lo dicho, estos elementos si son motivo de honda preocupación. De hecho, el tono y las omisiones del joaco así lo evidencian.

¿Sólo eso? No. La jueza Sandra Arroyo Salgado se constituyó en el despacho de la diputada Elisa Carrió, anteayer, para preguntarle si sabía quiénes eran los padres biológicos de los jóvenes Noble Herrera. La magistrada se respaldó en una vieja declaración pública de Carrió, en la que señaló que esos jóvenes eran víctimas de la persecución del Gobierno. Arroyo Salgado demoró inexplicablemente el proceso de entrecruzamiento de datos genéticos desde que se comprobó que los hijos de la directora de Clarín no tienen vínculos de sangre con los datos que pertenecen al período de su nacimiento. Todo se hizo luego lento y farragoso. No hay voluntad de cerrar el caso, aunque se siga exponiendo a esos jóvenes a una cruel y vejatoria exposición pública.

Carrió le anticipó a la jueza que está investigando la gestión de la propia magistrada y la de la fiscal, porque la diputada está convencida de que el calvario de los Noble Herrera fue siempre (también en tiempos de Menem) una operación de los servicios de inteligencia. No puede desconocérsele a Carrió la coherencia de pensamiento. Incluso ahora que parecen escasear esos atributos entre quienes la sucedieron al frente de la Coalición Cívica.

Si hay algo de lo que Carrió carece es de coherencia. Y el joaco hace rato se ha contagiado. Este segmento de la nota de tan increíble dificulta su refutación. ¿Es necesario rebatir lo inverosímil? Les ruego me eximan y continuemos.

La libertad está siendo remplazada por la persecución y la represalia. Con pocas excepciones (Patricia Bullrich y Eduardo Amadeo, entre otros), la oposición se limita a contemplar y lamentar; a veces, no hace ni eso. Ninguna acción conjunta ni reacción llamativa. Como sucedió en la Venezuela de Hugo Chávez, los opositores lanzarán la resistencia cuando sea demasiado tarde.

Para no ser repetitivo, ahora agregamos a la lista de verbos que explican sus desventuras el de la  represalia. O sea, todo es una cuestión persecutoria, de venganza y represalia. Es que así se retuercen las víboras cuando tragan su propio veneno.  

Cuesta imaginar que semejante ofensiva sea liderada por la misma persona que creó una Corte con figuras independientes y prestigiosas y que limitó el número de miembros del tribunal. “El Gobierno no tiene por qué nombrar más jueces ni necesita tener jueces amigos”, nos dijo la entonces senadora Kirchner a un grupo de columnistas cuando presentó el proyecto que reducía de nueve a cinco los jueces de la Corte. ¿Qué pasó desde aquel entonces para que hasta la libertad haya cambiado su nombre y su sentido?

Es todo lo contrario. La libertad cobra sentido cuando en el ejercicio del gobierno se acciona en defensa de las mayorías y contra los monopolios. En ningún momento informa el joaco que la causa contra Cablevisión es justamente por la Ley antimonopolio vigente.

En definitiva, una nota que a falta de argumentos los inventa tramando una matriz persecutoria que no es otra cosa que la puesta en vigencia de las leyes en el marco del Estado de derecho.

Anuncios

Acerca de Alejandro Quijano

La única lucha que se pierde es la que se abandona.

Publicado el 21 de diciembre de 2011 en Posts. Añade a favoritos el enlace permanente. Comentarios desactivados en No se puede mentir tanto!!!.

Los comentarios están cerrados.

A %d blogueros les gusta esto: