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La tormenta pefecta

EL PAIS › OPINION

Tormenta perfecta

 Por Alfredo Zaiat

El principal riesgo para la estabilidad económica es que el gobierno de Mauricio Macri se haya convencido de su relato económico desplegado como oposición y en campaña electoral. Le puede suceder lo mismo que al equipo económico de José Luis Machinea al inicio del gobierno de Fernando de la Rúa, que abortó la incipiente recuperación económica con un paquete impositivo que convocó a la recesión. Si el elenco de funcionarios sin corbata del macrismo continúa atrapado en consignas de marketing electoral como que la económica está estancada, sin creación de empleo y con desborde del gasto público, el resultado es previsible: arruinar la leve mejora del mercado interno de este año y afectar un nivel de empleo elevado sin contar con ningún amortiguador por el lado de la economía internacional. O sea, si en lugar de aplicar medidas contracíclicas para evitar el ingreso a un sendero recesivo, el equipo de Alfonso Prat-Gay decide instrumentar el “sinceramiento” de las variables, que no es otra cosa que el ajuste sobre el salario y las jubilaciones, tiene elevadas probabilidades de sumergir a la economía en una de las caídas del PIB más pronunciada desde el 2002. El endeudamiento desenfrenado, que el blindaje de unos 20 mil millones de dólares que está armando la dupla Prat-GayFederico Sturzenegger sería sólo el primer paso, es la principal vía disponible en ese diagnóstico ortodoxo para atenuar el inevitable retroceso del nivel de actividad económica.

Las medidas económicas adelantadas por el gobierno de Macri ignoran la existencia de un muy desfavorable contexto internacional. Por el contrario, si las despliegan agudizarían el impacto negativo que hoy ya tiene el viento de frente sobre el mercado interno. Una fuerte devaluación y disminución de subsidios sin iniciativas compensadoras por el lado de la política de ingresos castigará la economía 2016. La fuerte suba del tipo de cambio no se reflejará en un aumento importante de las exportaciones que sirva para reemplazar como motor del crecimiento al consumo interno. No lo podrá ser porque existen condiciones adversas en el comercio internacional.

La economía de Macri deberá lidiar con un frente económico externo adverso, y si prevalece el dogmatismo de la ortodoxia sólo amplificará los costos ineludibles de esa situación. Un reciente informe de una consultora de la city, entusiasmada con el inicio de la CEOcracia del nuevo gobierno, advierte sobre los riesgos externos que deberá afrontar el equipo económico. La firma Research for traders de Darío Epstein, especialista en mercados de capitales y ex director de la Comisión Nacional de Valores 1992-1994, detalla cinco peligros: 1) precios de las materias primas; 2) la economía de Brasil; 3) la fortaleza del dólar a nivel internacional y devaluaciones de monedas emergentes; 4) probable alza de la tasa de interés de Estados Unidos, y 5) menor crecimiento de las nuevas potencias, en especial China.

1. El informe destaca que los commodities son activos que tienen un buen rendimiento cuando hay inflación en el mundo desarrollado, cuando la tasa de crecimiento mundial es sostenida y fuerte, y cuando el dólar tiene un valor bajo respecto a las demás monedas líderes. “Ninguno de los tres factores se cumple ni se visualizan cambios en el corto plazo”, indica. El índice de precios de materias primas (en base a datos de Thomson Reuters) se ubica en valores de 2003. Para el caso argentino, concentrado en exportaciones de bienes primarios y semi procesados derivados del agro, la caída de los precios no es tan pronunciada aunque igualmente han retrocedido desde sus máximos, ubicándose en niveles de octubre de 2007, según el índice de materias primas del Banco Central.

2. La política económica ortodoxa brasileña (devaluación, ajuste fiscal y alza de la tasa de interés) ha tenido el resultado esperado: economía en recesión. La caída interanual del PIB en el tercer trimestre de este año fue de 1,7 por ciento. El 2015 cerraría con un retroceso del 3 al 4 por ciento, y las estimaciones para el próximo año apuntan a un descenso de la actividad de 1,2 por ciento. El último Coyuntura y desarrollo de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE) advierte que lo que ocurre en Brasil se proyecta hacia toda la región y constituye “un factor explicativo relevante de la desaceleración en los niveles de actividad interna en los países latinoamericanos y, a su vez, ha sumado presión a la baja en el comercio interregional, particularmente en el Mercosur”.

3. El dólar se ha fortalecido y el índice de monedas emergentes ha retrocedido desde su pico de 2008, aún incluso después de la recuperación entre 2009 y 2011. “Un dólar más fuerte y precios de los commodities a la baja condicionan estructuralmente a la región”, señala el informe de Epstein, sugiriendo que esos países deben deslizar su moneda para corregir desequilibrios en la balanza de pagos. De todos modos, indica que “lo positivo de este proceso y, a diferencia de los años 80 y 2000-2002, es que se producen con reservas acumuladas en los bancos centrales (a excepción de Venezuela y Argentina justamente)”.

4. Otra señal negativa proveniente de la economía mundial es que la tasa de referencia de Estados Unidos (de la Reserva Federal), luego de un período prolongado de tasas cercanas al 0 por ciento, la expectativa apunta a que esta semana en la reunión de directorio de la banca central estadounidense se decida subirla. Los expertos en finanzas esperan ajustes graduales al alza evitando la FED un sendero empinado, pero la tendencia ya habrá cambiado. “Habrá que ver si el mercado condicionará de ahora en más las posibles emisiones futuras externas de mercados emergentes, bonos de alto rendimiento y de Argentina en el mercado de deuda voluntaria”, apunta el informe de Research for traders.

5. La quinta amenaza externa proviene del mediocre crecimiento mundial que apenas se ubica por encima del 2 por ciento, por debajo de los valores del 2004-2007. Los motores del crecimiento durante la primera década del nuevo siglo estuvieron en los países Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Ahora dos de ellos (Brasil y Rusia) están en recesión, y la potencia China se encuentra en franca desaceleración. Sólo India mantiene tasas de crecimiento elevadas. De ese modo, las potencias emergentes han dejado de traccionar la actividad económica global. El informe de FIDE explica que el Plan Quinquenal de China (2016-2020) proyecta un crecimiento del PIB anual promedio del 5,9 por ciento, la mitad del que proyectó al gigante asiático a las ligas mayores de las potencias mundiales. La estrategia económica china es crecer menos y sustituir importaciones apuntando a que el motor de la actividad sea el mercado interno más que el sector externo. Esa sustitución queda reflejada en la caída del contenido importado de sus exportaciones industriales que pasó del 75 al 35 por ciento de mediados de los años noventa a 2012.

En la economía internacional no solo persisten los factores que contribuyeron a la irrupción de la crisis 2008-2009, sino que la evolución de las principales economías emergentes no resulta alentadora. Además, la actual fase de la globalización dominada por las finanzas acentúa la inestabilidad de la economía real. FIDE denomina esta situación como “tormenta perfecta”. Se combina el fin del auge en el mercado de materias primas, la desaceleración de China, la debilidad del comercio internacional por la caída de la demanda mundial, la recesión de Brasil, el fortalecimiento del dólar y el probable aumento de la tasa de interés de Estados Unidos. Por ese motivo, una megadevaluación aporta poco y nada a la competitividad exportadora y si viene acompañada de un ajuste fiscal y monetario sólo se agravarían las tensiones internas.

La ortodoxia que ocupa puestos relevantes en el gobierno de Macri quiere presentar esa estrategia regresiva en términos económicos y sociales como inevitable. No lo es. Es bastante probable que su maquinaria de marketing electoral respaldada por los grandes medios amarrillos busque trasladar la culpa de los efectos negativos de esa política económica al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Pero si el gobierno de Macri quiere alejarse de una fuerte recesión en 2016 debería dejar sus convicciones ortodoxas en la puerta de la Casa Rosada. En caso contrario, las indudables tensiones internas y externas las convertirá en una recesión. Si Macri no sabe discriminar entre discurso opositor y gestión de gobierno deberá asumir la responsabilidad política de sumergir a la economía argentina en una crisis.

azaiat@pagina12.com.ar

CIENCIAS MORALES

Por Luis Bruschtein – Página 12

Manuel Solanet fue viceministro de Economía durante la dictadura, cuando el ministro era José Alfredo Martínez de Hoz. Santiago Kovadloff es un hombre de centro, escritor, ensayista y filósofo. No tuvo nada que ver con la dictadura. Solanet y Kovadloff firmaron, como presidente y vice de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Política, una declaración en solidaridad con Vicente Massot, el director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, quien está siendo juzgado por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. La Justicia dictaminará su responsabilidad, lo real es que Massot fue secretario de redacción de la revista Cabildo en los años ’70, una publicación de ultraderecha católica, y a partir del ’75 fue encargado de las relaciones con el personal del diario La Nueva Provincia, el más leído en Bahía Blanca. En 1976 fueron secuestrados los dos delegados gremiales del diario y la causa investiga esas desapariciones. Massot tuvo que renunciar en los años ’90, cuando era ministro de Defensa de Carlos Menem, por haber argumentado públicamente a favor de la aplicación de la tortura. Esta Academia de Ciencias Morales, integrada por muchos ex funcionarios de la dictadura, es decir, el gobierno más inmoral de la historia argentina reciente, asegura que la acusación fue instigada por el Gobierno por motivaciones ideológicas.

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Eso dice el comunicado que firman Solanet y Kovadloff. Así, un hombre que fue funcionario de la dictadura pretende asumirse como juez moral de un gobierno democrático. Y otro que se dice democrático elige al funcionario de una dictadura atroz como socio para descalificar a las instituciones democráticas. La relación entre uno y otro, que existe a pesar de que tendría que ser imposible, puede explicar muchos escenarios de la historia política local.

En una entrevista en Infobae de esta semana, el intelectual Juan José Sebreli dijo que el kirchnerismo es la continuación histórica del primer peronismo y afirmó que por ese motivo, por esa semejanza, “allí está el huevo de la serpiente”. Sebreli es un intelectual que empezó escribiendo en publicaciones de izquierda como Contornos, en 1952, y fue derivando hacia posiciones conservadoras y de centro, muy antiperonistas. El intelectual identifica al peronismo como el principal culpable de las grandes tragedias argentinas. No se refiere a las dictaduras militares ni a la derecha peronista, sino al peronismo del ’45, que democratizó la distribución de la renta y protagonizó el fenómeno de inclusión social masivo más importante del siglo XX en Argentina. El kirchnerismo es la continuación de ese peronismo, dice, y por eso “allí está el huevo de la serpiente”. La metáfora alude al autoritarismo, al personalismo y al desprecio por las instituciones democráticas que dice ver en el peronismo del ’45 y en el actual kirchnerismo.

Más allá de la mirada que cualquiera tenga del peronismo y del kirchnerismo, desde el punto de vista de la república, de la democracia y del sentido común más elemental, las responsables de las tragedias más dolorosas de la historia argentina más o menos reciente han sido las dictaduras militares. Y ninguna dictadura militar se hizo en nombre del peronismo. Por el contrario, la mayoría de ellas se hicieron contra el peronismo, porque, al igual que Sebreli, sus cabecillas decían que percibían en el peronismo “el huevo de la serpiente”, que en aquella época eran el fascismo y el comunismo. Estos golpes militares se hacían para defender del peronismo a la democracia, a pesar de que el peronismo en todas sus variables, incluso las más antipáticas, llegó siempre al gobierno de manera democrática. Sebreli tampoco estuvo vinculado con la dictadura. Sin embargo, esos lazos de familia, esos puntos de contacto entre su pensamiento y el de los dictadores echa luz sobre otras cuestiones argentinas.

Kovadloff y Sebreli son intelectuales representativos y los dos coinciden en que el peronismo es peor que cualquier dictadura. Ese esquema que comparten los convierte en expresión de una tradición en la cultura hegemónica en Argentina, sobre todo entre las clases sociales que tienen más resonancia, las altas y medias, una tradición cultural de dominación. Para un sector importante de estas clases el peronismo es más terrible que las dictaduras más sangrientas. Es una concepción donde coexisten absurdamente y en forma pacífica la idea republicana y democrática y la de dictadura. Pero esa coexistencia pacífica proyecta tensiones violentas hacia la sociedad.

Además de Solanet, en la Academia de Ciencias Morales de la que es vicepresidente Kovadloff, participan o han participado personajes como Carlos Blaquier, Alberto Rodríguez Varela, Horacio García Belsunce, José Claudio Escribano, el mismo Massot y otros funcionarios, propagandistas y defensores de dictaduras militares.

El filósofo y ensayista nunca dijo que apoyaba a una dictadura, pero su participación en ese colectivo demuestra que concibe a la dictadura como un mal inevitable y menor. De lo contrario no podría estar allí. Proyectado hacia la sociedad, resulta un discurso enloquecedor donde los supuestamente más democráticos aparecen asociados con los más autoritarios con el único fin de reprimir a la expresión política de las mayorías que son las que tendrían que gobernar en un sistema democrático. El mensaje no es democracia “o” dictadura, sino democracia “es” dictadura. Un mensaje enfermo que fue el predominante entre el ’55 y el ’83 que desembocó en los años de violencia furiosa. Y también fue el concepto que primó en el golpe del ’30 contra Yrigoyen.

Esta idea de que democracia es dictadura, siempre verbalizada con gran cantidad de intermediaciones (puede serlo o en algún momento lo es, o sólo es transitorio, o sólo es dictablanda y miles de otros seudoatenuantes) fue instalada en muchos hogares de clase media, incluso más o menos progresistas. La contradicción es tan grotesca que la única forma de tomarla era como retablo religioso. Son antagonismos que sólo puede unir una creencia ciega. Romper esa ceguera es abrirse a reacomodos y rupturas que, por desconocidos, toman el aspecto de un caos que está en la naturaleza de los cambios. El peronismo ha tenido grandes desprolijidades y muchas de las críticas que se le han hecho fueron acertadas. Parte del miedo al peronismo tiene esa causa. Pero otra parte importante es el miedo al cambio. Porque el cambio, lo haga el peronismo o cualquier otra fuerza, surge de la realidad que hay que cambiar, es parte de ella, no viene de las lunas de Saturno, y arrastra muchas de esas lacras. El que rechaza los procesos de cambio por impuros, en realidad está pidiendo que no cambie nada, como sucede con las sectas de izquierda y con los falsos republicanos de derecha.

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Sebreli y Kovadloff no han apoyado dictaduras pero aparecen como emergentes de la ideología que siempre las justificó y sin la cual nunca pudieron existir. Representan el pensamiento de lo que fue la base social de las dictaduras argentinas a pesar de que ambos formulan expresamente una vocación democrática. Pero se convierte en un discurso sólo aparentemente democrático que tiene una centralidad autoritaria cuando excomulga a las mayorías populares de cualquier posibilidad de convivencia más o menos normal. Una fuerza política nunca es peor que una dictadura, como plantea Sebreli cuando acusa al peronismo y al kirchnerismo de ser “el huevo de la serpiente”, o Kovadloff cuando prefiere asociarse a funcionarios de la dictadura para descalificar a un gobierno democrático.

La piedra basal de la democracia está en la capacidad de aceptar otro juego político que no sea el propio. Es decir, un juego que tiene otros paradigmas y que se asienta en un universo cultural diferente al propio. No se trata de dejar de criticarlo o de dejar de intentar reemplazarlo a partir de la construcción de nuevas mayorías. Se trata de no desconocerlo, de no calificarlo como peor que un gobierno de facto, y de interactuar con él, de hacer política. La firma de Kovadloff en ese comunicado no se compagina con ninguna vocación democrática. En Argentina hubo una dictadura y Kovadloff se asocia con sus personeros económicos e intelectuales. Y la afirmación de Sebreli expresa su fracaso intelectual porque el peronismo ha demostrado que forma parte del juego político democrático en Argentina. Por eso, decir que es el huevo de la serpiente es lo mismo que decir que Argentina no tiene destino, es bajar la persiana de la historia y demuestra su incapacidad para visualizar un escenario vivible diferente al de su interés.

 

EL ODIO QUE LLEVA LA PIEDRA


“El pibe, tu pibe, alumno de una escuela privada y religiosa, el que todavía no se sabe lavar los calzones pero cree saber de política y balanzas históricas de tanto escucharte, da el paso que vos nunca diste. Y ejecuta su odio. Toma la piedra, apunta al grupo y tira su bronca. Y con ella, la tuya”.
Algún día te vas a escuchar y te va a dar vergüenza. Algún día vas a escuchar a tu hijo repetir tus palabras y te va a dar miedo. Vas a ver que vos, como padre, como docente o como dirigente, pusiste tu granito de arena para que el odio germine desde temprano.

No me vengas con la cantinela de siempre. No me repitas como un bobo los eslogans de campaña de Francisco De Narváez. No me hablés de la crispación, la sociedad dividida y que Argentina era un país unido hasta que llegó “él” o “ella”. No me digás, por favor, que a esta altura crees eso que estás repitiendo. No me digas que no sospechas cuando tus frases se parecen cada día más a un sobreimpreso de TN.

Acordate. Sacá la cuenta y decime desde cuándo venís escuchando y repitiendo que tenemos “un país de mierda”, “que los políticos son todos corruptos”, que la seguridad se combate con el “paredón”, que “somos pobres en un país rico”. Decime si tu viejo no citaba ya Cambalache como referencia sociológica diaria.

Y luego, seguiste vos, remarcando que en un país donde “nadie quiere laburar”, “los planes sociales fomentan la vagancia”, las pibas pobres “se embarazan por tener una Asignación Universal”, los militantes políticos “son rentados”, los votos se “compran por un pancho” y “a los pobres les gusta ser pobres” y por eso no salen de su condición.

Y ahora escuchás a tu pibe, que no se sabe lavar los calzones todavía, repitiendo tus axiomas de sobremesa y comentarios obligados cuando se mira televisión. Lo escuchás hablando de “la yegua”, de “negros de mierda” y de “sacar del fundillo a esos corruptos”.

Tu pibe, el nene, repite tus palabras como algunos de tus gestos y los va haciendo carne, carne de persona, carne de ciudadano.

Se llena la boca con tus palabras y un día lo escuchás hablando con sus amigos. Y te da un poco de miedo. Se huele odio, se respira violencia.

Y un día, tu pibe, tu nene, el destino de todos los elogios de papi y mami, toma la iniciativa y te supera. Asume que con hacer comentarios de entre casa, no alcanza, que con rumiar ese odio que dejan como epílogo algunas conversaciones, no basta.

Entonces toma una piedra y la arroja. La arroja contra una columna de militantes de los Derechos Humanos, contra un grupo de ciudadanos de Tandil -peronistas, radicales, socialistas, sin afiliación partidaria- que ha decidido acompañar y ser parte de una batalla todavía inconclusa que debe poner las cosas en su lugar. Lugar histórico, arbitrario y hasta parcial, para muchos, pero lugar al fin.

La arroja contra una columna de gente que avanza hacia la Comisaría Primera para dejar el testimonio de que allí se detuvo y se torturó gente que militaba en partidos políticos pero también en organizaciones sociales y sindicales. En la columna van muchos niños y hasta algunos bebés, en carritos, porque la señalización es un motivo de festejo popular.

Y el pibe, tu pibe, alumno de una escuela privada y religiosa, el que todavía no se sabe lavar los calzones pero cree saber de política y balanzas históricas de tanto escucharte, da el paso que vos nunca diste. Y ejecuta su odio. Toma la piedra, apunta al grupo y tira su bronca. Y con ella, la tuya.

Y ese odio arrojado desde el Colegio San José impacta en una joven de la Escuela Sábato. Ese odio que es piedra, compuesto de tus ideas y su ímpetu, raja una cabeza, una cabeza donde anidan otras ideas de justicia, política y participación. Ideas que tu pibe desconoce pero detesta igual porque tus lecciones abreviadas de “Estado y ciudadanía”, a veces, confunden todo.

No es la primera vez que pasa algo así en San José. Una patotita, suerte de Liga Patriótica sub 17, ya insultó degradantemente a compañera de aulas por ser militante peronista, militante de la Cámpora.

Tu pibe y sus amigos le soltaron un rosario de tus lugares comunes, un compendio de tu “antiperonismo” desilustrado con bajezas de moda. A la piba que académicamente les pasa el trapo –porque además de militante es de los mejores promedios de la institución-, y personalmente los humilla con su compromiso diario, la atacaron como sólo saben hacer los necios: con el insulto.

Y ahora, la piedra.

Te vas a tener que hacer cargo, papi.

Alguna vez te escuche decir –a vos o a uno de los tuyos- que entre los delincuentes, los padres mandan a los pibes a robar porque a los menores no se los puede “meter en cana”.

Bueno, lo mismo pienso pero de vos.

Porque esa piedra la soltó él, pero la arrojó tu ignorancia, que no deja de ser una delincuencia que practicás a diario.

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NOTA ORIGINAL: http://www.politicatandil.com/noticias/Locales/79314:1/Hacete-cargo-papi.html

Carta N° 13 – LO JUSTO

Carta Abierta/13: Lo justo

carta abierta

 

 

 

 

 

Comenzamos esta carta –que a la vez es un llamado- con la fácil comprobación de cómo han avanzado, de qué recursos se valen y cómo se realizan los crecientes procesos de deslegitimación del gobierno. El estadio siempre presente de lo político, si bien no suele ser el más hablado, es el de la creencia colectiva, la libre opinión emancipada del tejido social. Hay un tono diario que tienen el hombre y mujer de la calle para expresar en un sistema sabido de signos rápidos, sus opiniones sobre la relación de los hechos colectivos con sus propias perspectivas vitales. Como sabemos, son la forma más profunda y también menos formalizada de las opciones políticas. Creencias en estado de insinuación, que suelen llamarse humores o estados de ánimo, nombres imprecisos pero elocuentes, en cuyo otro polo suelen estar las elucubraciones más exigentes, el cálculo de los políticos y el modo real en que operan las fuerzas sociales y económicas.

Estamos hablando del basamento efectivo y crítico en que se enraíza todo gobierno, el sustento de la verosimilitud del vivir común en un sociedad, las hipótesis que nos dejan entrever que no hay miedo en la convivencia, que hay esperanza en la vida pública y argumentos, por más que puedan ser apenas borroneados, en la esfera manifiesta de las acciones democráticas. Revistiendo tanta importancia el núcleo de creencias públicas que son siempre cambiantes pero no impiden revelar una viga maestra de donde toda comunidad viviente extrae el concepto de lo justo, hasta cierto punto es lógico que sean ellas las primeras atacadas. Ellas deben ahora encontrar sus propias lógicas expresivas ante el avance impiadoso de una narrativa mediática que apunta a deslegitimar, bajo la forma de un relato brutal, lo recorrido desde mayo de 2003. Para producir el ataque buscan sus símbolos evidentes, las palabras que ciertos ritos, ingenuos o profundos, señalan como el lugar de la creación de mancomuniones sociales. Es lógico, decimos, que quien desee perjudicar de modo extremo esta conjunción ciudadana donde se encuentran las instituciones visibles y la vida cotidiana, las políticas públicas y las realidades del trabajo, la actividad persistente de las más diversas militancias, dirija su hostilidad a los cimientos formadores de la adhesión que se congrega en las capas de la población que sostienen una experiencia singular de cambios sociales. ¿Qué cambios? Los que implican que por primera vez en la historia nacional se discutan aspectos de la organización del Estado y la sociedad, de la justicia y los medios de comunicación, con sentido emancipador y no restrictivo o portador de coerciones. Se trata, después de muchos años, de darle a la idea de justicia una dimensión que logre articular lo que siempre fue prolijamente separado por los poderes económicos: la libertad y la igualdad. Contra la apertura inédita de estas dimensiones fundamentales de la vida social es que se dirigen estas acciones profunda y visceralmente desestabilizadoras no sólo de la continuidad de un proyecto transformador sino, también, destinado a incidir insidiosamente sobre el sentido común de una parte significativa de la sociedad que es capturada por ese discurso destructivo y hostil de cualquier forma de convivencia democrática. De las cloacas del lenguaje se extraen los argumentos que, más allá de cualquier prueba, son presentados como la verdadera cara de un gobierno supuestamente atrapado en su propia red de venalidades y corrupciones. Ya no importan las diferencias políticas o ideológicas, tampoco los modelos económicos antagónicos, lo único que le interesa a esta máquina mediática descalificadora es sostener un bombardeo impiadoso y constante que no deje nada en pie.

Pero entonces, con menos pruebas que arietes dirigidos a mansalva, ausentes los fundamentos del uso de la prueba, la investigación, el juicio sobre las leyes y el mismo andamiaje legal del país, se considera todo ello fruto de un espíritu despótico, de jefes políticos que se prepararon toda una vida para llegar a la función pública mandando agrandar los cofres familiares mientras pronunciaban palabras como impuesto a la renta agraria o asignación universal por hijo. Nuevamente la impostura pero ahora justificada por un ansia desenfrenada de enriquecimiento. La oscura figura del avaro, la brutal construcción del “judío” con los bolsillos llenos de dinero que supo desplegar el antisemitismo exterminador, el relato de fabulosas bóvedas rebosantes de oro y de billetes se convierten, como en otros momentos de nuestra historia en la que gobiernos populares fueron derrocados por ominosas dictaduras, mediante la estética del más consumado amarillismo periodístico, en santo y seña de una oposición que busca destruir no sólo un gobierno sino la propia legitimidad de la política. Todos los recursos de esas estéticas televisivas y de la ficcionalización disfrazada de realidad son movilizados por quienes buscan horadar a un gobierno que, por primera vez en décadas, cuestionó injusticias y desigualdades, tramas monopólicas y abusos de poder de quienes siempre se sintieron los dueños del país. Quieren sembrar la duda en el interior de la sociedad. Buscan emponzoñar una realidad que ha sido transformada en un escenario por el que desfilan políticos corruptos, valijas llenas de dinero, oscuros entuertos financieros, prebendas nacidas del afán pantagruélico de quedarse con riquezas fabulosas. Atacan no sólo al kirchnerismo. Su objetivo es más amplio: apuntan a destituir cualquier posibilidad de que la política sea un instrumento emancipador.

Pero si se discute la justicia es porque finalmente una comunidad arribó a la discusión de lo más profundo que hay en la justicia: lo que se halla en las pausas internas de sus articulados, en la manifestación misma de las figuras del derecho, que es lo que aquí llamamos lo justo. El intrínseco actuar común en torno al diferendo que se resuelve con argumentos y el pensar sobre los otros. Lo justo es la alteridad de nuestra propia vida ofrecida como prueba de que ella misma debe introducirse en esos domicilios del pensar común sin hacer excepciones a favor de uno mismo. Lo justo también como una práctica que, al mismo tiempo que reconoce al otro y a su diversidad, también se afirma en la distribución más igualitaria de los bienes materiales y simbólicos. Lo justo no como retórica de lo nunca realizado sino como evidencia, más que significativa a lo largo de esta última década, de un proceso de transformación social que no sólo vino a reconstruir derechos sociales y civiles sino a poner en cuestión la hegemonía de aquellos que condujeron al país a la desigualdad y la injusticia. Eso es lo que no perdonan ni aceptan. Contra eso dirigen todas sus baterías mediáticas y sus golpes de mercado.

Sin embargo, los ataques a lo justo comienzan siempre en los lugares más sensibles, que son donde se equilibran el deber de los funcionarios con la organización de un formidable sistema para repartir cuotas perseverantes de sospechas o suspicacias  respecto a su probidad y acciones regidas por lo que convenimos en llamar ética pública. Esto ocurrió en todas las épocas, porque no es de hoy el descubrimiento de que la ética pública es menos un decálogo de virtudes que un sistema de símbolos de enorme fragilidad que tiene su domicilio último en el empleo consistente y verídico de la palabra pública. No sabríamos decir, ahora, si las enormes maquinarias para horadar a los cuadros dirigentes de un país han excedido, por un lado, lo que ocurría en épocas pasadas, cuando eran las grandes crisis económicas, los procesos interminables de inflación –como en la Alemania de los años 20-, los ámbitos de incerteza que hacían que todo lo sólido se evaporase en el aire. Sí sabemos que están dispuestos a empeñarse a fondo, sin ahorrar ningún recurso, para descalificar a un gobierno que ha puesto el dedo sobre la llaga del poder hegemónico en el país; de un gobierno dispuesto a doblar la apuesta abriendo brechas antes inimaginables en el interior de una sociedad que parecía entregada al saqueo de todas sus esperanzas.

Una época de cambios en una perspectiva democrática y popular implica un orden de credibilidades públicas donde no sea la prepolítica del miedo la que dirija la economía sino la economía la que se inserte como acto inherente a las figuras explícitas del argumento político. Los pronósticos de las crisis capitalistas como los que realizara Rosa Luxemburgo en 1913 o las graves desidias comprobables que se notaban en la esfera pública en las épocas que llevaron a terribles guerras, siguen siendo aleccionadoras. A estos eventos, que denominaríamos crisis objetivas de los sustentos de los regímenes representativos parlamentarios, se le agrega ahora el proyecto de originar un descalabro en las figuras públicas que son emblemas de gobiernos populares y le dan su forma de aglutinamiento, especialmente fijadas en su nombre. Lo que antes era la consecuencia de la debilidad de regímenes parlamentarios que fueron sistemáticamente carcomidos por la ampliación de la crisis económica y el avance de las derechas fascistas, hoy ha mutado en una prédica seudo moralista que busca deslegitimar a gobiernos democrático-populares utilizando los recursos, antiguos, de la denuncia serial y el fantasma de la corrupción. No ha habido en el pasado ni en la actualidad un solo gobierno popular que no haya recibido las descargas de esa seudo moralina autoproclamada como el último bastión de la verdadera República siempre amenazada por los populismos. Una simple y rápida revisión del papel de ciertos medios de comunicación en nuestra historia, al menos desde Yrigoyen en adelante, permitiría poner en evidencia la falta de originalidad de la actual campaña desestabilizadora que se viene llevando a cabo en nombre del “periodismo independiente”. Otro tanto comprobaríamos con sólo echar un vistazo a lo que ocurre en otros países de la región en los que los intereses de la derecha se complementan perfectamente con el funcionamiento de los grandes medios de comunicación. Nunca ha sido tan clara la intervención desestabilizadora de la máquina mediática puesta al servicio del establishment económico-financiero. Un lenguaje surgido de las letrinas amarillistas y de las gramáticas del golpismo histórico se despliega con virulencia insidiosa desde las usinas del poder mediático que han dejado de apelar a cualquier tipo de argumentación para desencadenar, una tras otra, una batería de rumores, mitos urbanos de enriquecimientos olímpicos, denuncias indemostrables articuladas con una colección de personajes que van de los lúmpenes del jet set vernáculo a una ex secretaría despechada.

Se funda entonces una maquinaria de horadar, que por supuesto no es nueva y que incluye muchos antecedentes en el pasado inmediato de la cultura social de Occidente, y especialmente de nuestro país. Indirectamente aludimos a la caída de la República de Weimar que dejó abierto el camino para el ascenso del nazismo al poder, pero también a los climas previos fomentados por agencias operativas de los intereses derrocadores, en el caso del gobierno de Arbenz -en Guatemala- y del candidato Gaitán –asesinado en Colombia en plena campaña electoral-, desde luego, siempre con climas en la prensa donde se hace cabalgar con mayor o menor grado de ingenio a los jinetes del Apocalipsis, pero con actos donde de repente se abren los enrejados de infinitas acusaciones de los ámbitos conservadores, de cuyas tinieblas puede emerger el revólver donde habita, como dueño del argumento seco, el disparo final. En nombre del saneamiento moral de la república se abrieron las compuertas para los peores regímenes dictatoriales. En nuestra realidad sudamericana en ese mismo nombre se busca terminar con los proyectos de matriz popular y democrática que comenzaron al final de la década del 90 con Hugo Chávez en Venezuela y que se continuaron en Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia y Ecuador signando un tiempo extraordinario en la historia de un continente dominado y sumergido en la pobreza y la desigualdad por aquellos que siempre hablaron en nombre de la moral pública. En su nombre avanzó el golpismo en Honduras y Paraguay.

Estamos en tiempos diferentes pero en los cuales una sutil forma de golpismo opera todo los días bajo el amparo de los nuevos estilos de escenificación, agrietamiento y cancelación de las creencias sociales. Ejemplos de esta actitud no son difíciles de encontrar en la historia de nuestro país. La campaña del diario Crítica en los años 20 es un ejemplo característico, y debe estudiarse en todas las escuelas de comunicación social. Más allá de la figura, curiosa e interesante en su excentricidad, de Natalio Botana, el diario salía con sus martillos cotidianos a perforar creencias cívicas con ejemplos resonantes de corrupción, ineficiencia, extravagancia del gobernante (la senectud de Yrigoyen), y la asimilación de sus partidarios al Ku Klux Klan. Hombres sinceros de izquierdas y derechas –que precisamente se congregaban también en la redacción de Crítica- adoptaban estas manifestaciones de ingenio metafórico del diario más popular, a fin de no sentirse expropiados en su conciencia si caía al fin y al cabo un gobernante llamado inepto –llorado pocos años después, en ocasión de su fallecimiento, por millones de argentinos, muchos de ellos embargados en un tardío y comprensible arrepentimiento. Por cierto, estas corrientes subterráneas cuyo índice sísmico es la inmediatez del cuadro económico (la Argentina ha salido de crisis profundas pero atraviesa conocidos problemas: para el primer caso no conceden reconocimientos, para el segundo ausentan toda clase de comprensión), operan como corrientes que siempre han actuado como terreno ya roturado para las aventuras contra-institucionales, aunque pasan muchos períodos dormidos a la espera de sus irrupciones cíclicas en la historia nacional. Hoy regresan tratando de cerrar un tiempo argentino caracterizado por el avance poderoso de políticas de reparación social. Van en busca de la reconstrucción de sus privilegios y, para ello, no dudan en movilizar tanto los recursos de la espectacularidad televisiva como la complicidad de una oposición carente de ideas propias. La sombra del revanchismo social, esa que conocimos en 1976 y que acabó instalándose con el menemismo, se yergue como una amenaza contra todas las corrientes populares y progresistas y no sólo contra el gobierno. ¿Comprenderán los genuinos demócratas que de triunfar la alquimia de vodevil mediático, intereses corporativos, gestualidad antipolítica y neogolpismo especulativo, lo que nos espera será nuevamente el vaciamiento de la vida institucional democrática y el retroceso social? ¿Entenderán que lo que está en juego es la propia idea de la política como instrumento emancipador? El aliento fétido de la regresión neoliberal sale de la pantalla impúdica los domingos a la noche.

No actúan con pruebas ni documentos irrefutables. Están antes de la prueba y el documento, en esa faja indocumentada (no que no los tengan en sus identidades propietarias, puesto que son los que más los poseen) respecto a qué es, qué fue, qué termina siendo un ciclo histórico en la Argentina. No actúan en nombre de lo justo sino de una peripecia espiritualmente de las más complejas, llamando justicia al desequilibrio social que actúa a su favor, y llamando golpismo a lo que haría el gobierno, a fin de justificar lo que con vergüenza en el decurso de los tiempos, muchas veces terminaron acompañando, esto es, sus propios llamados golpistas sin precisar pronunciar ese mismo nombre. Lo hacen con la facilidad llamativa de haberse convertido en pobres comediantes de las derivas fatales de militares golpistas y ministros de economía que revestían de argumentos nacionales un fatídico arte para la depredación de los recursos financieros, energéticos y económicos de la nación. Son actores de un relato que afirma la condición autoritaria y hasta dictatorial del gobierno para generar las condiciones de una irrevocable restauración conservadora. Son quienes sin sonrojarse hablan desde sus editoriales de “terrorismo simbólico de Estado” utilizando la tribuna que se benefició del terrorismo real que durante la terrible dictadura de Videla le dio forma a la apropiación de una empresa que acabó en las manos de quienes construyeron el monopolio del papel para diarios en Argentina. El cinismo y la mentira como instrumentos de esa moral republicana que dicen defender.

Estas porciones no siempre pequeñas de la población han aguardado en sus reductos sentimentales, con su arte de mascullar formas de opinión que hacen al juego normal de la democracia, pero son multitudes disconformes de su propio lenguaje democrático, que no dudamos que lo tienen, pero como posesión particularista, sin animarse a definir lo democrático como lo justo y lo justo como la contingencia donde hay que decidir a favor del bien público siempre. Por eso tiene también el exceso respecto a ese lenguaje, una sobra inabsorbida por sus corazones, que por motivos no siempre incomprensibles, dudan sistemáticamente y a priori de las medidas sociales progresistas y reaccionan cuando perciben tropiezos, que es evidente que los son, que son sometidos a un sistema de magnificaciones e hipérboles donde todo es escandaloso y falso. Nada más impropio que a un país lo dirijan falsarios enmascarados. ¿Se precisaba el magno folletín que contara esta historia fantasmal con castillos draculianos y llamados telefónicos a carpinteros infernales que construyeran bóvedas, criptas o cúpulas salidas de un relato de Edgar Allan Poe, que los carpinteros de la utilería televisiva tratan de remedar entre risotadas?

Han descubierto una consigna que merece algún análisis, que es lo contrario de lo que aquí llamamos lo justo. Una consigna que tiene su vigencia absolutamente atendible en el momento del accidente lamentable y doloroso en la Estación Once –“la corrupción mata”- y que parece resumir uno de los aspectos que contiene el golpe certero de un conjunto de problemas que ni son inexistentes ni admiten el sumario tratamiento cercano al de la justicia mediática que exige rapidez y se excusa de la falta de pruebas en nombre del difuso concepto con que han reemplazado al pueblo: “vos”. Pero aquí hay decenas de ciudadanos muertos, trabajadores que iban a sus lugares de trabajo y sucumbieron con una muerte absurda que no exime responsabilidades al Estado, los concesionarios, los operadores del sistema ferroviario en todos sus niveles. “La corrupción mata”. Es una verdad fundamental pero abstracta. Lo que critican es justo. Pero es lo justo a través de un encadenamiento argumental que omite eslabones fundamentales que, de no estar, toda sociedad sería imposible a no ser que esperásemos al Mesías que nos venga a salvar de esta estructura destructiva que conduce trenes, aviones, tratados internacionales, ómnibus de corta y larga distancia, subterráneos, ordena el cada vez más caótico tráfico callejero. Esa consigna, tan impresionante como es, no es un sinónimo del imperio de la justicia. Más bien es una proclama del Apocalipsis, donde según los sabios que lo escribieron el develamiento de cada sello, el misterio de las trompetas y las cifras cabalísticas llevan a erigir al cordero salvador mediante una justicia rápida, encerrada en una creencia sin mediaciones, sólo basada en la facultad de la profecía. Todo resulta, desde ese enunciado catastrofista, un escándalo que demuestra, una vez más, que la responsabilidad de todos los males la tiene un gobierno que mientras anuncia que la pobreza desciende se dedica a construir bóvedas donde esconde las riquezas mal habidas. El vodevil televisivo, el stand up ingenioso, el improperio seudo virtuoso del periodista, puestos al servicio de una justicia express que, una vez más, nos demuestra que todo está perdido mientras nos dejemos gobernar por un populismo de hipócritas. El añorado Capriles argentino se estaría preparando para venir a rescatarnos de tanta infamia. Su paridor, qué duda cabe, saldrá del espectáculo televisivo en el que la verdad siempre está siendo revelada.

Interesante ejercicio para los estudios serios de las relaciones que siempre se encierran en el magma profundo de las sociedades, aun las contemporáneas y protagonistas de la revolución industrial o informática. Pero la corrupción del capitalismo es silenciosa, no hay “amigos” allí sino “operadores”, ni toda impericia surge de los corruptos, que en todos los casos hay que identificar con pruebas. Si esa consigna la dijeran grandes filósofos de la moral, siempre que no lleven a que nos gobierne un nuevo Savonarola o la misma Inquisición, sería atendible. Pero en las sociedades democráticas hay recursos de investigación, juicios, sumarios y sentencias, que impiden la correlación rígida de estos dos conceptos. El corrupto que para serlo mata es tema de las novelas sobre el mal de los siglos góticos. Hoy, con esa frase se puede dejar de lado la verdadera corrupción de las grandes estructuras capitalistas de dominio para quedarse apenas con una serie de fotografías de casas solariegas de “nuevos ricos vinculados” que no hacen bien a los gobiernos, pero desvían la atención de las verdaderas incisiones que la lógica del Capital hace en la Justicia y en la Política.

No es justo que se empleen estos criterios para hacer de la justicia una justicia mediática, sin pruebas, haciendo pasar todo discurso político por el cedazo del discurso cómico, de la afirmación desprovista de pruebas, de la manipulación de prejuicios sobre toda clase de funcionarios, y arrojando una sonora mácula contra las figuras centrales de este momento nacional, el ex presidente Kirchner, y su esposa y actual presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. La acción no es nueva, pero lo novedoso es la recreación ficcional, el estilo de vodevil y de novela de terror gótico en la representación de las valijas de dólares, como utilería de la vieja tradición del circo-teatro, y del folletín popular en los bulevares de todos los tiempos. Si no tiene el menor sentido de lo justo, por lo menos tiene efectividad.

El impulso dramático que tienen estos métodos, que proviene del uso central de los medios de comunicación más entrelazados con una receptividad indignada (por razones ni siempre justas ni siempre injustas), pero que opta por una escena de truculencias que remiten a la clásica acusación del golpista que ve el origen de su insondable rencor en el supuesto golpismo de los otros. No admite ser un agente explícito de la libertad de expresión mientras dice que no la hay. Y así llega a instalar, como si sobre una entera ciudad se colocara una red de semáforos perfectamente coordinados, unas fuertes denuncias a la corrupción a través de técnicas folletinescas viejas y modernas. La espectacularización de las noticias en general exime de pruebas pero no de un monologuismo sostenido por escenas cómicas e imitaciones con propósito degradante, bien diferentes a la genuina crítica que los artistas del humor e ironía le han dedicado a los gobernantes, desde los tiempos del periódico El Mosquito, que actuó hace ya un siglo y medio en la política nacional.

¿Vivimos en sociedades sin corrupción? Esto no es posible afirmarlo. Pero es posible decir que la corrupción más importante –si este concepto ganara en tipificaciones jurídicas antes que en amorfas descripciones de comedia musical – es la que ocurre en las grandes transacciones capitalistas en materia de estructuras financieras ilegales, circulaciones clandestinas, excedentes que pertenecen a rubros invisibles de la acumulación de sobreprecios, instancias implícitas de gerenciamiento de dineros privados considerados como mercancía de las mercancías en pequeños países que no es que tengan sistema capitalista, sino que el sistema capitalista los tiene a ellos. Cuando la política se convierte en un engranaje subordinado que implica un eslabón implícito de remuneraciones de la circulación financiera, estamos en una sociedad que posee sólo formas democráticas ficticias. Esa es la aspiración de quienes están por detrás de ese denuncismo desenfrenado, esa es la escritura que elabora los guiones del neogolpismo folletinesco. Su aspiración no es lo justo, su estrategia busca erosionar a quienes lograron cortar la hegemonía indisimulada de aquellos que convirtieron, durante décadas, al país en una agencia del capital financiero.

Se llaman noveleramente paraísos fiscales, con un eufemismo sorprendente, a formas nacionales o territorios sostenidos por una suerte de ilegalizada legalidad en el alto capitalismo. Nuestro país es soberano, y sus problemas económicos y sociales, que no son pocos ni desconocemos, del mismo modo que señalamos los logros de esta década, sus ámbitos de discusión, que deberían ser más amplios y sus falencias en el debate público son evidentes –solo pensar en el nombre de la etnia Qom basta para ejemplificar muchos otros casos- no puede limitarse a enlatados de televisión con novelas seriales de grosera comicidad, donde se filman casas de funcionarios –aunque es cierto que hay que ser austero- y misteriosas cajas fuertes –es cierto que salidas de la imaginación de alguien que vio las formas físicas en que se representan el poder en películas como Batman o James Bond. Sólo en novelas de Ian Fleming las cajas fuertes, los documentos públicos, las bolsas de dinero, están en las cajas fuertes del poder, pues esa es la representación empírica y prejuiciosa de lo que es abstracto y no mediato. Del poder sabe bien Goldman Sachs o los grandes financistas que pueden desencadenar guerras sin tener siquiera un bóveda debajo de la escalera de su casa.

Pero sabemos que este conjunto de palabras apunta a erosionar la figura pública de un ex-presidente, en una acción que se torna una respuesta de music-hall para problemas que merecen otro tratamiento. La marejada política del país llevó a la ley de medios, ésta a la necesaria reforma judicial, ésta a la consideración de la vida cotidiana bajo la normativa de lo justo, ésta a la nacionalización de numerosas empresas públicas, y todo esto debe llevar a nuevos estilos de discusión, donde en vez de verse los Dragones del Apocalipsis escondidos tras cortinados donde defienden con arbitrios y trompetas bíblicas sus cajas empotradas, hay que ver un gobierno que atraviesa distintos momentos y distintas dificultades, todos propios de la vida pública compleja, mundial y nacional, y cuyas explicaciones son más que obvias, por más que muchas medidas no se perciban totalmente eficientes. Pero lo cierto es que, una vez más, no lo atacan por lo que hizo mal sino por todo aquello, ya consignado, que ha significado un cambio notable y positivo en la vida del país. Lo atacan, y esto más allá de los errores y de los aciertos en esta larga batalla política, porque saben que la continuidad de este gobierno amenaza, como nunca antes, sus privilegios. Lo atacan, hasta la náusea y utilizando todos los recursos a su alcance, por haber reinstalado, en nuestra sociedad, la idea de que lo justo no constituye una quimera inalcanzable o una reflexión académica, sino la práctica posible de un proyecto sostenido en los principios de la igualdad y la ampliación permanente de derechos. Lo atacan porque Videla murió en la cárcel y porque propone, con más costos que beneficios que la justicia puede y debe ser reformada.

Sin desconocer problemas, sin admitir que se violente la dignidad de la función pública, sin aceptar que bajo una cita de Jefferson o Madison se nos diga que no entendemos de los ordenamientos judiciales, que son producto de sociedades historizadas y no paralizadas por sus clases poseedoras, sin argumentar con excepciones vigentes sólo hacia nosotros mismos, todo ello nos habilita a señalar a una prensa que primero le dice golpista al gobierno –como se lo dijeron a Yrigoyen para después poder golpear ellos- sin pretender que las instituciones están al margen de una vivaz discusión cotidiana, hacemos un llamado a quienes siguen formando en la consideración hacia este gobierno a pesar de su dificultades –que llamamos a discutir- y de las izquierdas democráticas a quienes llamamos a deliberar sobre la base de un mismo sentido común: el sentido de lo justo, madre de las inclinaciones históricas hacia un latinoamericanismo emancipado, una economía y tecnología sin agresiones al medio ambiente y un sector progresista de la sociedad que sin dejar de criticar a la corrupción, como nosotros mismos lo hacemos, no haga de este concepto una sentencia visual de jueces autoerigidos, de togados mediáticos donde en vez de pruebas necesarias, que lleven a prisión a quienes sea necesario, como en el caso Pedraza, sirvan apenas para la tarea menor de ser coadyuvantes de una comedia desestabilizadora que nos introduzca a una nueva tragedia argentina.

Pero también destacamos, con el mismo énfasis, que en la semana en que se cumplen los primeros diez años de este gobierno somos testigos de un país que ha logrado reencontrarse con aquello que se había extraviado, primero en la noche oscura de la dictadura y después bajo la impunidad neoliberal, y que fue recuperado por la voluntad de ese mismo hombre al que hoy buscan caricaturizar como si fuera el arquetipo del avaro y custodio de bóvedas donde se guardarían riquezas fabulosas. Nos referimos a un país que vuelve a colocar en el centro de sus disputas y debates las cuestiones fundamentales de la igualdad y de lo justo. Una década en la que la reconstrucción de la política se transformó en una de las claves decisivas para volver a soñar con un país más justo, libre y emancipado. Eso es lo que está en juego en esta hora preñada de dificultades y desafíos. Ellos, los inspiradores de tanto odio, lo saben: es ahora cuando tienen que golpear despiadadamente. Nada más horroroso, para su visión alucinada, que la consolidación y la ampliación de un proyecto que vuelve a hacer visibles a los invisibles de la historia. Eso, nada más ni nada menos, es lo que ha estado y sigue estando en disputa en esta década atravesada por cambios notables y nuevos desafíos que, eso pensamos, deberían, siempre, ir en busca de una sociedad más justa.-

carta abierta

<<< BUROCRÁTICO Y AUTORITARIO <<<

Lo prometido, el final de mi nota previa con el tercer tema del 2013, la DEMOCRATIZACIÓN DE LA JUSTCIA.
Luego de leer el reportaje a la procuradora general de la Nación no hacía falta agregar nada más, está todo dicho y muy bien dicho y por eso aquí se reproduce. Esto identifica el debate, lo contextualiza y define las cosas como son. Además de estar dicho por alguien desde adentro, que cumple un rol fundamental en la autoconvocatoria de magistrados y funcionarios judiciales de esta semana, y que desempeña un alto cargo en el esquema del Poder Judicial de hoy.

Además, esta reunión se da inmediatamente después del discurso de apertura del año judicial que ayer diera el presidente de la Corte y previo al mensaje de apertura de sesiones legislativas que encabezará la presidenta que, sin dudas, se referirá al tema y se abrigan expectativas de propuestas para abordar el tema en reformas legislativas.

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Forma parte del contexto también las cuestiones pendientes en la Corte o que inevitablemente terminarán allí para resolución final, a saber, LEY DE MEDIOS, Cautelar en favor del diario La Nación por incumplimientos impositivos por 280 millones de pesos protegidos por una cautelar de 10 años, la renacionalización de la titularidad del predio donde funciona la Rural, la causa Papel Prensa a la que ayer Casación le dó el impulso que le faltaba desestimando recursos presenados por los abogados de los acusados Magnetto y Mitre, la cautelar que protege a Fibertel para que Cablevisión siga prestando ilegalmente un servicio para el que no cuenta con la licencia correspondiente, diversas presentaciones que el Grupo Clarín está haciendo en Cámaras Federales para nuevamente, intentar frenar la aplicación de la Ley de Medios, a pesar de la causa pendiente de resolución en la Camara en lo Clarín y lo Rural viajera controlada por el grupo Biltmore (por el nombre del hotel de Miami al que viajaron sus integrantes por la generosidad 5 estrellas del grupo Clarín y su controlada Certal) y muchas causas en las que se siguen procesando a los genocidas y recordemos que este año tendrá lugar el Juicio oral al procesado Jefe de Gobierno que NO SE SABE COMO HARÁ para zafar de una más que segura condena por la enorme cantidad de pruebas acumuladas que, avaladas y utilizadas como base por las 2 instancias Judiciales en las que se lo procesó, le imponen un futuro de encierro, y también ya se ha pedido elevar a Juicio oral la causa por la tragedia de Once en la que se ha notado una prontitud procesal desde la más absoluta libertad, demostrada en la amplitud de orígen de los 24 procesados, incluidos funcionarios del gobierno a los que, es de destacar, nunca nadie alzó la voz para encubrir o proteger y que por supuesto, fueron todos separados de sus cargos.
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REPORTAJE A GILS CARBO, PROCURADORA Y FIRMANTE DEL DOCUMENTO “JUSTICIA LEGITIMA”

“El sistema judicial es burocrático y autoritario”

Mañana comienza en la Biblioteca Nacional el encuentro abierto convocado por cientos de magistrados que firmaron el texto “Justicia legítima”. Una de las firmantes fue Alejandra Gils Carbó, la jefa del Ministerio Público Fiscal. En diálogo con Página/12, reveló entramados judiciales y adelantó la posibilidad de que surja una nueva asociación civil para impulsar una reforma.

 Por Martín Granovsky

A menos de un año de su nombramiento, a propuesta de la Presidencia y con acuerdo del Senado, la procuradora Alejandra Gils Carbó encara al mismo tiempo cambios en el organismo y participa del grupo cada vez mayor de jueces, fiscales y magistrados nucleados en “Justicia legítima”.

–¿Hay una reforma verdaderamente posible en el Poder Judicial y en el Ministerio Público Fiscal? ¿O el Ministerio Público encara una reforma para marcar un rumbo e influir sobre el Poder Judicial?

–Al menos en mi caso, al frente del Ministerio Público, intento adoptar modificaciones que como mínimo amortigüen los defectos del sistema. Hoy se llega a designar fiscales con un resultado medio cantado.

–¿En qué reside lo cantado?

–En la importancia que tiene un examen de antecedentes y títulos al que se le asigna cerca del 50 por ciento del puntaje total.

–¿Y por qué eso es malo, en su opinión?

–Porque pueden resultar favorecidos hombres solteros y mujeres solteras con tiempo disponible o acceso más fácil a posgrados y doctorados. Y no es posible que tenga un peso tan determinante. No está bien. A veces no trabajan. O, si ya están en la Magistratura, teniendo tareas no las hacen. Eso no me parece un parámetro que deba ser.

–¿Cuál sería el parámetro ideal?

–El que estamos por implementar, ya no como idea, sino como plan concreto e inminente. Vamos a privilegiar los exámenes de oposición. Vamos a darle importancia a lo que sirva para evaluar la capacidad del fiscal. Por ejemplo, su capacidad dinámica, su posible desempeño ante tribunales orales, compatible con el proceso que pensamos que se viene, con modalidad acusatoria.

–Es decir, con procesos judiciales donde la dinámica de la investigación la lleve a cabo el fiscal y no el juez.

–Y agrego otro requisito: el examen debe revelar el tipo de sensibilidad del funcionario. Lo que tenemos es un sistema judicial esencialmente burócrata. Vayamos quitando burocracia. Agreguemos transparencia. Por eso queremos que además de un jurista invitado al concurso de oposición, haya un veedor de una organización no gubernamental que no sólo presencie el trámite, sino que emita un informe.

–¿Qué es un fiscal sensible?

–Un fiscal que sienta que está al servicio de la comunidad en lugar de creer que accedió a un cargo privilegiado con dinámicas corporativas.

–Hoy existe una combinación de evaluación de antecedentes, que representan el 50 por ciento del puntaje, examen escrito y examen oral.

–Queremos que al oral se llegue por haber aprobado el examen escrito, no por los antecedentes.

–¿Y los antecedentes cuándo se considerarían?

–Si el candidato o la candidata aprueban el escrito y el oral, entonces sí se evalúan los antecedentes. Pero en ese orden.

–¿Pesarían el 50 por ciento?

–No. Menos. Digamos, un tercio del total. Para todo este proceso una clave es el objetivo de garantizar el acceso universal a los cargos de la Magistratura, y al decir Magistratura englobo tanto el Ministerio Público Fiscal como el Poder Judicial. En el caso del Ministerio Público, no puede ser que los jurados se integren con fiscales de la misma jurisdicción. Si no, se favorece esa especie de sistema de padrinazgos que termina constituyendo una suerte de familia política judicial. Es como si el nuevo fiscal le debiera el cargo al padrino.

–¿Hoy es así?

–El Consejo de la Magistratura muchas veces lo aplica y lo considera válido. Yo lo critiqué. Esto permite los padrinazgos y los parentescos, muy fuertes en las jurisdicciones del interior del país, pero no sólo allí. En la Justicia nacional también hay nombramientos cruzados: la esposa de, el hijo de. Tengo el Ministerio Público lleno de parientes que no nombré yo. No puede ser que el parentesco y las relaciones de sociabilidad como los padrinazgos sean las normas no escritas que orienten las designaciones y las carreras.

–¿Cómo se puede comenzar a cortar esa trama?

–Primero echando luz sobre estas prácticas consuetudinarias que son contrarias a los intereses de la comunidad. Así como alejan al Poder Judicial de la sociedad, lo acercan a los factores de poder que manejan los hilos de la Magistratura. Tiene que haber cambios no sólo legales y reglamentarios. Si hay algo que caracteriza a esa estructura es el autoritarismo, porque pretende unificar todo bajo esos patrones en lugar de guiarse por el pluralismo y el debate.

–Ya dijo que el Poder Judicial, o la Magistratura, son burocráticos y autoritarios.

–Sí. Burocráticos y autoritarios. Por eso tiene que haber un cambio cultural. Creo en el poder transformador de la cultura. Cada persona dentro suyo tiene una conciencia moral. Cuando se revelan estas prácticas tan alejadas de las que debe tener un funcionario, esto tiene que generar un rechazo. Una de las medidas que vamos a tomar es el dictado de un código de ética para actualizar las nuevas patologías.

–¿Patologías?

–Por ejemplo, los magistrados que reciben prebendas encubiertas como becas y viajes académicos, y a veces viajes de turismo. Y el peor aspecto de los parentescos: no sólo se verifican en los tribunales, sino entre magistrados y, a veces, imputados.

–¿Y por qué haría falta un código de ética específico? ¿La confusión de intereses entre un magistrado y un imputado no va contra la ley si ambos están como partes o como protagonistas de una causa judicial?

–Bueno, es obvio que eso debe generar la inmediata excusación del magistrado.

–Si existe la ley, ¿para qué el código de ética?

–Para reforzar el debate abierto. Es un proyecto que debatiremos con representantes de la sociedad civil. En la Justicia hay muchas cosas que aclarar. Cosas que fueron dichas por altos estamentos judiciales.

–En diciembre del año pasado, la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial y la Asociación de Magistrados dijeron que el Poder Judicial estaba siendo atacado por el Ejecutivo.

–Y a principios de enero cientos de magistrados, que llegamos muy pronto a ser 680, reaccionamos porque no queremos complacencia con promiscuidades con los poderes fácticos y hegemónicos. Fue el documento “Justicia legítima”.

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–Mañana y pasado se encontrarán en la Biblioteca Nacional. Eso es sabido. Lo ignorado es qué pasos concretos darán.

–Saldrá de las discusiones. Quizá pueda emerger un documento que haga más concretas las propuestas de cambio que pretendemos generar. Este es el momento adecuado para dar un giro al sistema judicial, después de treinta años de estabilidad democrática. También puede constituirse una asociación civil para ayudar a que los cambios puedan realizarse. No podemos quedarnos solo con reformas normativas para ejercitar una retórica cuando todavía permanecen intactos los mecanismos internos de disciplinamiento o de manipulación. La dependencia judicial se maneja en las sombras, no cuando sale uno a quejarse de una sentencia que le parece injusta. Eso es parte del escrutinio público al que están sometidos todos. Es un examen público saludable. Cuando alguien de nosotros, en la Magistratura, recibe una crítica, no puede ser que se sienta difamado. Es parte de la actitud burocrática y autoritaria.

–Insiste con los burócratas.

–Es burócrata el que sigue un ritualismo exacerbado, sobre todo en los procesos civiles. Se avanzó en la oralidad especialmente en lo penal. Pero continúa en general esa enorme distancia entre el juez y las partes. El juez conoce a los abogados, no a las partes. A veces ejerce una imparcialidad mal entendida, porque se manifiesta impasible ante las desigualdades. Se limita a ver los hechos del caso sin considerar los conflictos sociales que subyacen detrás de un caso. Todos esos actos responden a una lógica burocrática de eludir los temas de fondo. Cuando asumí como procuradora, vi que no había una unidad especializada en narcotráfico y narcocriminalidad. ¿Qué queremos? ¿Que un fiscal con diez empleados pueda luchar solitario contra poderosas bandas internacionales? Ridículo. Por eso creamos la Procuraduría contra la Narcocriminalidad, o sea un sistema de persecución penal adecuado a la complejidad del siglo XXI. ¿Sabe qué es un burócrata? En mi caso, descubrir que la narcocriminalidad no puede ser materia de un fiscal solitario y quedarme sentada. Supuestamente cumplo con mi trabajo, me pagan el mismo sueldo y evito los problemas. Eso es la burocracia rutinizada. Es un pensamiento conservador que no tiene ninguna eficiencia para dar una respuesta a la sociedad.

–¿Para qué serviría constituir una asociación civil a partir del documento?

–Si llegamos a un acuerdo sobre ese punto, para no quedarnos con la definición teórica de lo que debe hacerse. Tiene que haber una palabra que produzca sentido para que todo no quede en propuestas de reforma. Ya hubo propuestas de reformas de la Justicia que no dieron el resultado. Eso suele suceder cuando no se miran los fenómenos reales.

–¿A qué se refiere en concreto?

–Al Consejo de la Magistratura. Debería estar más abierto a la participación ciudadana. Que esté abierto sólo a jueces y abogados es funcionar con un cuerpo cerrado y endogámico. Por qué no médicos, por qué no ingenieros, por qué no gente sin título universitario, por qué no gente ajena a la corporación y a sus constantes toma y daca… Miremos el caso del juez Luis Armella. Estuvo en una de las causas de mayor exposición, en la que se hicieron todos los negocios imaginables.

–La del Riachuelo.

–Sí. Quizás Armella sintió que tenía el colchón suficiente para seguir firmando sentencias. ¿Qué puede pensar un ciudadano que hoy tiene un fallo con la firma de Armella? ¿Cómo no vamos a hablar de que es necesario un cambio?

–¿A los firmantes de “Justicia legítima” los unifica el kirchnerismo?

–No. Y además, los funcionarios judiciales no suelen estar tan politizados. Por lo pronto, tienen vedado afiliarse a un partido político. Ahora, eso es una cuestión y otra es la necesidad de contar con una política judicial sana, de comunicación, de transparencia en la información judicial y administrativa.

–Y si excede al kirchnerismo, ¿también excede el caso Clarín o el conflicto por las cautelares a raíz de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual?

–Excede absolutamente esa cuestión. Tiene que haber un disgusto muy grande para que personas tan disímiles se alcen contra un comunicado cuya redacción se atribuía a ministros de la Corte. No es propio de la magistratura rebelarse. Es que debe existir algo muy fuerte que estuvo alimentando este sentimiento de indignación, de no querer ser parte de un entramado de relaciones corporativas, con agentes externos que son contrarios a los intereses de la sociedad.

–Ningún ministro de la Corte Suprema firmó ese documento con su nombre o apellido.

–Debo pensar entonces que no estaban todos de acuerdo. Mire, igual la situación no tiene vuelta atrás. Y no la tiene por la fuerte sensación de que la Justicia no debe ser como antes y no volverá a ser como antes. Hay un debate, hay ideas, hay proyectos. Algunos de los que firmamos, por los puestos que ocupamos, tenemos posibilidades de reglamentar y ejecutar. Es el caso de la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, y es el caso del Ministerio Público Fiscal. Haremos la reforma de los concursos. También estamos hablando con los decanos de universidades del conurbano para crear un régimen de pasantías. Esto va a traer un cambio cultural que atacará el oscurantismo de los pasillos tribunalicios que dominó hasta ahora.

–Volvamos por un segundo al comunicado atribuido a miembros de la Corte Suprema. Además de la respuesta con el documento “Justicia legítima”, ¿qué generó en el día a día de la vida en Tribunales?

–El comunicado es de una minoría que intenta arrogarse una representación. Ni siquiera tienen que ver con el interés del resto de los magistrados. Detrás de eso se vio una pretensión de establecer alianzas estratégicas para trabajar un proyecto personal de poder que no tiene que ver con la función judicial. Es una manera de subvertir las funciones de la magistratura, que debe servir al interés común.

–¿Debo interpretar que hay un enfrentamiento entre la procuradora y la Corte Suprema?

–Ya le dije: no englobaría a toda la Corte en los comunicados, si es que fue eso lo que generó la reacción. Si no, habrían firmado todos los ministros. Y no firmó nadie.

–Usted no sólo hace críticas por burocratismo, sino por autoritarismo. ¿Tan vertical es la Magistratura?

–Al hablar de autoritarismo me refiero a otra cosa: a que en la mayor parte de la historia argentina, la Justicia legitimó regímenes autoritarios. Y déjeme volver al Ministerio Público: es uno de los más atrasados de Latinoamérica. No se desarrolló la autonomía institucional y la consagración del sistema acusatorio. El Ministerio Público sigue teniendo una organización en espejo respecto del Poder Judicial. Imita sus funciones aun cuando son distintas. Pienso, al contrario, que debe responder al dinamismo, porque debe llevar adelante la investigación.

–El distrito más poblado del país tiene sistema acusatorio: la provincia de Buenos Aires. ¿La Magistratura bonaerense es un modelo?

–Obviamente incorporar el sistema acusatorio no es suficiente. Si no se produce un cambio cultural, siempre se trasvasará todo lo viejo. Si no, los funcionarios se reproducen. Y ésa no es precisamente mi idea ni la idea de quienes nos reuniremos en la Biblioteca Nacional.

PROYECTO SOBRE DECLARACIONES DE FISCALES

Juradas, pero no secretas

Además de los nuevos concursos que explicó en la entrevista publicada en estas páginas, la procuradora Alejandra Gils Carbó dijo a este diario que se propone implementar un programa de transparencia que incluya un reglamento de acceso a las declaraciones juradas de los fiscales.

Según la jefa del Ministerio Público Fiscal, “el actual reglamento de acceso a las declaraciones juradas es restrictivo del derecho de la ciudadanía a acceder a la información pública”. Uno de los papeles de trabajo a los que tuvo acceso Página/12 sostiene que el sistema actual “dificulta el acceso a la ciudadanía en general” porque establece requisitos “que resultan de difícil superación” y permite “interpretaciones que suelen limitar o directamente impedir el acceso a las declaraciones juradas”.

Otro de los puntos del llamado Programa de Transparencia es ampliar el área de atención a las víctimas “para garantizar la protección de los derechos” y acercar las víctimas al Ministerio Público “como actor fundamental en la representación de esos derechos e intereses”.

El plan contempla “mecanismos de atención directa y personalizada” para acceder a la Justicia: líneas telefónicas, mail, chats e incluso locales del Ministerio Público Fiscal con atención personalizada.

Habrá también un Portal de Gobierno abierto y un portal de noticias para difundir la información que producen las unidades especiales y la Procuraduría, la información de las fiscalías y los dictámenes de la procuradora y de los procuradores adjuntos ante la Corte Suprema.

En cuanto al código de ética, el texto dice que “debería prevenir incorporar aquellas situaciones reñidas con la ética que son propias del sistema judicial argentino”. El caso concreto sería la regulación sobre conflictos de intereses, regalos y viajes.

Otro punto será un reglamento para compras y licitaciones. Ese reglamento podría incluir “un mecanismo para dar prioridad a distintos actores sociales de relevancia”, como cooperativas de trabajadores, fábricas recuperadas y el Ente Cooperador Penitenciario. <>
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Este debate dentro del Poder Judicial se lo ve enriquecido en función de su propalación puertas afuera. Y está bien. Se deben derribar los muros que protegen al sistema y sus integrantes para que se incorporen cada vez mayores grados de involucramiento de la sociedad e su conjunto. Hay que acercar los estrados judiciales y sus Jueces a los ciudadanos de a pie, a la gente.

Por eso, me animo a decir que sería una buena medida la reglamentación de los Jurados integrados por personsa del común, con o sin título universitario, que puedan participar de los procesos judiciales. También es imprescindible la digamos “limpieza” de Jueces por los muchos que todavía quedan que han jurado por las Actas del Proceso y que deberían ser removidos y reemplazados por quienes ganen concursos por antecedentes y oposición para cubrir esas vacantes y que juren por la Constitución Nacional. Obvio, deben pagar impuestos como todos los mortales y esa es otra forma de terminar con privilegios.

Bienvenido entonces este debate que a 30 años de estabilidad democrática, la política instala para que el Poder Judicial salde la deuda pendiente con la sociedad en la  democratización del sistema.

7DAJ

<<< EL MEMORANDO <<<

 TODA LA VERDAD RESPECTO AL TRATADO CON IRAN

En el lugar de Timmerman, yo hubiera iniciado la presentación del Memorando de entendimiento a firmar con Irán en el Senado de la siguiente forma:

Yo vengo a exponer las razones del gobierno que nos impulsaron a firmar este acuerdo con Irán en búsqueda de la verdad y con la intención se haga justicia. No vengo a convencerlos porque al margen de las razones que yo pueda exponer, ustedes no van a cambiar la opinión que tenían al momento de sentarse en las butacas que ahora ocupan.

Por lo tanto, voy también a responder sus preguntas que consistirán en una interpretación forzada del texto del acuerdo en el que ustedes leerán una cosa diferente a lo que está escrito.

Cada uno que intervenga dirá lo que piensa, basándose en la libre interpretación que hace del rol de cada parte en el acuerdo y acrecentarán sus dudas respecto de la contraparte, es decir Irán, que más allá de las pocas o muchas certezas que ofrezca lo concreto es que firmó el acuerdo y está diciendo que va a cumplirlo. Si no lo hace no será nuestra culpa, y ellos quedarán expuestos ante el mundo.

Cada vez que ustedes me pregunten algo, al responderles les recordaré que en todos estos años nadie ha hecho más que este gobierno o mejor dicho, que esta gestión iniciada en 2003 por Néstor Kirchner y continuada por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner que en todas sus presentaciones ante la Asamblea de Las Naciones Unidas, sin excepción, reclamó por la colaboración en el esclarecimiento del atentado.

También, cada vez que les responda, les recordaré que NINGUNO DE USTEDES efectuó ni está efectuando ninguna propuesta alternativa y si estamos aquí debatiendo este tema es por exclusiva iniciativa de este gobierno que ante el riesgo de la parálisis permanente en la causa, asume el riesgo de explorar esta alternativa.

Estoy dispuesto a escuchar sus críticas, que serán las mismas que ya han expresado los diarios de mayor circulación que condicionan su accionar completamente y los someten a seguir el discurso que ellos les imponen. Pero, sepan disculpar, les recordaré que ustedes aceptan el sometimiento.

Por ejemplo, estoy preparado a contestar que ustedes pondrán en duda las actitudes del gobierno de Irán y cuestionarán definiciones políticas que ese gobierno efectúa respecto de hechos de carácter internacional que no tienen nada que ver con las posiciones de este gobierno. Es más, en el caso que corresponda, aclararé que el Gobierno Argentino discrepa con el Gobierno Iraní respecto a por ejemplo la caracterización que hace del Holocausto. Lo que les voy a pedir es que ese disenso no sea utilizado para cuestionar el acuerdo porque hace a cuestiones de geopolítica que debemos mensurar pero que no nos tienen que impedir la exploración de opciones para llegar a colocar a los acusados por la Justicia Argentina frente al Juez argentino de la causa que es el objetivo de este Tratado.

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También estoy preparado para contestar que efectúen manifestaciones intrigantes respecto a segundas intenciones o acuerdos secretos alcanzados con Irán. Espero que con la misma mala intención con la que ustedes intentarán sembrar dudas respecto a la existencia de acuerdos espúreos o secretos con el régimen Iraní, acepten que yo les conteste con una rotunda negativa.

En ese sentido, les recordaré que hay una causa que se denomina “la causa del encubrimiento” en la que las más altas autoridades del País han sido procesados, incluyendo al expresidente Menen, a su Jefe de Inteligencia Anzórregui, un ex Presidente de la DAIA Rubén Beraja, el propio Juez de la causa y un alto funcionario policial que estuvo a cargo de la investigación y que luego fue designado por el actual Jefe de Gobierno de la Cuidad de Buenos Aires el “Fino” Palacios, que se tuvo que renunciar porque se le inició otro proceso judicial, esta vez por montar en la estructura del Gobierno de La Cuidad una red de escuchas ilegales que tiene procesado al propio Jefe de Gobierno, a su Ministro de Educación, al designado Sr. Ciro James, el espía que levantaba las cintas con las escuchas ordenadas por los también procesados Jueces Federales de la Provincia de Misiones, más otros policías y funcionarios judiciales, en lo que se ha dado en llamar una Asociación Ilícita por la que todos los procesados van a Juicio Oral este año y una de cuyas víctimas era una persona aquí presente que ha perdido familiares en esta tragedia.
Esa causa del “encubrimiento” se encuentra paralizada y son muchos los intereses en juego para que así persista ya que a muchos les interesa más la forma en como “salen parados” de estos enjuagues mientras la Justicia brilla por su ausencia y la impunidad se consolida.

Debo decirles que las dudas respecto a Irán son las mismas con las que encaramos esta gestión y a través del acuerdo alcanzado son ellos quienes se exponen al juicio de la opinión pública internacional en caso de incumplirlo, pero por más dudas que podamos tener y hasta compartir respecto a Irán, sus estructuras de poder y su gobierno, no podemos desconocer que ellos son quienes han sido consignados por el Juez de la causa con responsabilidad en el atentado (por lo que tienen pedidos de captura) y nosotros hemos firmado este acuerdo con el Estado de cuyo país son ciudadanos los acusados.

También les debo recordar que los “alertas rojo” rigen desde el año 2007 y hasta ahora no hubo ningún resultado. El actual ministro de Defensa Vahidi estuvo en Bolivia sin consecuencias. Ha estado en Rusia y en otros países. Lo cierto es que a esta altura, a 19 años, no hay ningún detenido por el atentado. Ante esta realidad, teníamos la opción segura de NO HACER NADA o la de correr este riesgo de avanzar en la causa judicial.

Me dirán que los imputados podrán negarse a declarar. Si señor, pueden hacerlo. Es una prerrogativa de nuestro Código Penal y lo mismo la pueden ejercer en Teherán o en los Tribunales de Comodoro Py. Comprendan que no será fácil sentar en el banquillo de los acusados a un candidato presidencial, un ministro, un líder de las brigadas y un funcionario con alto cargo de la Cancillería. Pero lo importante es ponerlos ante el Juez Argentino y eso es a lo que el Estado Iraní se ha comprometido. Por eso este acuerdo.

Señores senadores, estoy aquí dando la cara en representación del Gobierno Argentino y de la Presidenta que me honró con la designación de mi cargo para sacar de la oscuridad este hecho luctuoso que ha dejado tanto dolor y tantas víctimas. Por lo tanto, comprendan que no voy a responder insultos personales del tipo “traidor” o “mentiroso” porque para todo ellos están el pueblo y la historia que sabrán ponderar estos hechos. Asimismo, sepan que estoy preparado a escuchar sus chicanas. Por ejemplo, yo sé que me van a decir que el texto del acuerdo no garantiza que el Juez pueda indagar a los sospechosos porque el término que se utiliza es interrogatorio, en inglés “questioning”. Si alguno de ustedes me pudiese explicar un sinónimo de indagar en inglés entonces lo aceptaré pero no lo hay, y el acuerdo ha sido firmado en 3 idiomas y ante alguna controversia, el que prevalece será el inglés. Por eso es que cuando un docente en un examen hace preguntas, interroga. Cuando esas preguntas las hace un Juez eso es un interrogatorio o indagatoria según la exclusiva determinación que el propio Juez haga del proceso, como está previsto en nuestro Código procesal Penal en su art. 294.

Para abundar en estos aspectos jurídicos, le voy a pedir a La directora de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, Dra. Susana Ruiz Cerrutti, que les explique que el juez Ariel Lijo viajó a Alemania a indagar a los directivos de Siemens por el pago de coimas y no existe convenio alguno. De manera que no se está haciendo algo en el caso AMIA que no se haya hecho antes. En este caso, lo firmado funcionará como tratado respecto de los puntos que están en el texto. Y les recuerdo que la Doctora Cerrutti es la misma que representó los intereses de la Argentina hace poco tiempo en el Tribunal del Mar que liberó a la Fragata Libertad que retornó al País sin que tuviéramos que pagar un penique y es la misma persona perteneciente al staff profesional de la Cancillería, a la que le atribuyeron el éxito de esa misión. Pues bien, su sapiencia y conocimientos también han estado al servicio de este Memorando y eso se corrobora con su presencia en este acto.

Con esto también quiero contradecir los retorcidos argumentos de Cesión de Soberanía ya que la presencia Física de Jueces Argentinos ejerciendo su función de tales en países extranjeros no implica abandono de jurisdicción y mucho menos resignar soberanía como quedó claro con el ejemplo expuesto.

Finalmente y para no extenderme demasiado, agradeciendo la presencia de todos ustedes y la atención dispensada quiero referirme al tema de la Comisión. Lo primero es pedirles que no le den a esa comisión atribuciones que el Tratado no le reconoce. En todo el recorrido será el Juez quien libremente tendrá a cargo el proceso y el único que sin interferencias de ningún tipo tomará sus decisiones. La comisión, como es obvio, dicta las normas de sus procedimientos internos, no del procedimiento penal. Esto último está regido por el Código Procesal Penal de la Nación. O sea, la Comisión fija cuándo se reúne, cómo se toman las decisiones, quién de sus integrantes analiza qué cosa, pero no cómo se debe hacer una indagatoria. Eso es exclusiva atribución del Juez argentino.

La “Comisión de la Verdad” emitirá informes que no son vinculantes sino que se “tendrán en cuenta” por las partes, lo que no significa que deban acatar su opinión. Es necesario entonces aclarar que cuando el texto refiera a “las partes”, no se involucra a la Justicia sino a los respectivos Poderes Ejecutivos que firman el texto. Evitemos esa chicana por favor. Si es necesario lo repito. Cuando el tratado dice que los informes de la comisión serán tenidos en cuenta por “las partes” ese término excluye al poder judicial y refiere exclusivamente al Ejecutivo. Tenemos la convicción de que “La Comisión” va a fortalecer la posición argentina. Será la que dé testimonio al mundo de la actitud de nuestro país. Es una garantía para las víctimas, ya que quien no quiera su presencia dará un mensaje al mundo.

Para terminar, según conozco por los dichos y publicaciones que condicionan a muchos de ustedes, debo adelantarme a que al finalizar este debate digan que el Gobierno está solo. Ustedes, algunos de ustedes dirán que el Gobierno se quedó solo. Pues bien, sabemos que eso no es así y conocemos del apoyo de algunos sectores directamente vinculados co los afectados por el atentado pero aun cuando fuera cierto, eso no constituiría un problema porque estamos acostumbrados a actuar en soledad cuando se trata de defender los más altos intereses de la Nación. Como decía recién, así fue con la Fragata. Algunos de ustedes querían organizar una colecta para juntar el dinero que había fijado el Juez como fianza y allí está, en el Puerto de Mar del Plata. También actuamos solos cuando aprobamos la Ley de movilidad Jubilatoria que asegura 2 aumentos anuales a los jubilados y siempre han resultado mayores al promedio de los aumentos paritarios. También estuvimos solos (o casi) cuando nacionalizamos el sistema jubilatorio, algo que los sectores de poder afectados no le van a perdonar nunca al presidente de este cuerpo, el Vicepresidente Boudou, que sistemáticamente sigue siendo atacado desde los medios afectados. Estuvimos solos en muchas oportunidades pero siempre acompañados por el pueblo.

Una vez más, la Presidenta demuestra el coraje con el que encara la gestión y en lugar de la quietud de la impunidad, asume el riesgo de buscar justicia. El éxito del proceso no está asegurado pero si es seguro que si no se hacía nada, si no se intentaba algo, la impunidad hubiera sido el punto final que algunos prefieren para que duerma eternamente la causa y eso es lo que este tratado viene a trastocar. La verdad tiene sus riesgos y es su búsqueda intentamos este camino.

Espero que la oposición acérrima que están dispuestos a ejercitar no se deba al terror que les causa la eventualidad de que este Tratado tenga éxito y avancemos en el esclarecimiento del hecho. En ese caso, nuestra soledad, como ustedes dicen, será nuestro mayor mérito y ustedes sumarán otro fracaso y un enorme descrédito.

Buenas tardes y muchas gracias.

Finalizada la presentación del Canciller Héctor Timmerman, el Senador Filmus desde la Presidencia del plenario de comisiones, dio por iniciado el debate y otorgó la palabra al primer legislador de la lista de oradores.

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<<< EL FRACASO DEL 8N <<<

El 8N fracasó. Fueron muchos, sí; pero naufragó en lo esencial: su objetivo. El 8N no será el punto de inflexión política y social que imaginaron sus organizadores.

 

Convocada por dirigentes políticos, sindicales y sectoriales que no simpatizan con el Gobierno, una multitud llevó su reclamo-reproche-bronca-prejuicio-odio al Obelisco. Ocurrió, entonces, lo que suele ocurrir en un país normal: miles de personas expresaron su desagrado por las políticas del Gobierno en democracia y libertad. Ni más ni menos.

En un país que en el pasado se desangró en antinomias fratricidas, el dato debe ser celebrado como otro paso de madurez democrática. Resulta natural que las políticas de una gestión que se propuso extirpar tumores sociales y económicos del país choque con la resistencia de quienes ven amenazados sus privilegios. Esos sectores, sin embargo, suelen preferir las conspiraciones de salón a la rudeza de la calle. Para cubrir ese flanco se nutrieron, en esta oportunidad, de mentes rancias, retrógrados irrecuperables y el enojo circunstancial de vecinos que, sin tener ánimo destituyente, se vieron arrastrados hasta allí por una eficaz campaña político-mediática que supo explotar emociones como la sensación de inseguridad o la vulnerabilidad de los jubilados. Se sabe: los reclamos egoístas de las minorías más poderosas suelen camuflarse en proclamas políticamente correctas.

El 8N no será el punto de inflexión política y social que imaginaron sus organizadores.

La estrategia empleada por los promotores de la manifestación fue similar a la que se utilizó durante la crisis campera del 2008. En esa oportunidad, terratenientes y productores millonarios estimularon a peones y pequeños productores que pusieron el cuerpo para resistir una modificación del sistema de retenciones. En complicidad con el sistema tradicional de medios –que pretendía asentar una advertencia a la Presidenta que acababa de asumir–, los sectores concentrados del campo pretendían ampliar su tajada en el negocio explotando la tradicional susceptibilidad de un sector proclive a la queja.

Con el combustible regado en las rutas, otros políticos y empresarios rapaces se sumaron a la estrategia de ahogar con el humo de los pastizales al gobierno neonato de CFK. Fue cuestión de soplar para que el humo llegara a Buenos Aires, caja de resonancia política de la Nación. El resto es historia conocida: parte de la clase política compró la idea de aleccionar al Gobierno de antemano, el vicepresidente Julio Cobos obtuvo cinco minutos de fama con su traición, el Gobierno perdió la elección de medio término y, dos años más tarde, Cristina fue reelecta con el mayor caudal de votos cosechado por un candidato desde la recuperación de la democracia. Muchos de esos votos, claro, provinieron de los pueblos del interior chacarero donde cuatro años antes se había demonizado a los K.

Foto: Diego Pintos.

La parábola de la crisis chacarera demuestra que, en tiempos de supremacía mediática, los políticos-empresarios-ciudadanos más incautos creen que eso que ven en la tele es la realidad. Pero como ocurrió con las nutridas marchas chacareras, el 8N exhibió apenas un recorte de la sociedad. Amplificado, como entonces, por el Grupo Clarín, que realizó una extensa cobertura que pretendió vestir de épica la exhibición de los sentimientos tumultuosos, dispersos y hasta contradictorios del sector que se manifestó. Porque además de oponerse a las políticas presidenciales, ¿qué otra cosa querían manifestar los miles que el jueves a la noche se movilizaron al Obelisco? ¿“Dólar libre”, como pedían las señoras bien que desfilaban modelos adquiridos en Miami? ¿“No ser Venezuela”, como exhibían dos rubias exuberantes en su cartel? ¿Que “se vaya la yegua”, como ladraban asistentes de elegante sport? ¿Eliminar la Asignación Universal por Hijo que propicia la fornicación especulativa, según el prejuicio ignorante de clasemedieros tinellizados? ¿O abolir la Ley de Medios de la democracia, como sugerían carteles idénticos prolijamente esparcidos entre la muchedumbre?

La heterogénea integración de la convocatoria parió su fracaso: muchas de las consignas se contradecían, cuando no se anulaban, entre sí. Personas bien intencionadas con reclamos atendibles se mezclaron con golpistas, procesistas, ultramontanos, antisemitas, misóginos, conservadores y reaccionarios. Sólo una cosa unió a los que marcharon: ser anti K. Sólo eso, y una profusa campaña orquestada por el Grupo Clarín, que buscó transformar esa amalgama de planteos individuales en una coraza de sus negocios.

La manifestación, en términos retóricos y prácticos, estaba condenada desde el vamos, cuando se la convocó para que fuera lo que fue: un golpe de efecto, un espejismo que disimuló entre la muchedumbre cacerolera la penosa decadencia de sectores opositores convertidos en lobbistas del Grupo. Fue el oligopolio mediático, al fin y al cabo, quién llamó a manifestarse a través de sus medios y periodistas más relevantes, quien aportó las consignas –“seguridad, inflación, no a la re-re”–, quien ordenó que no hubiese banderas partidarias –en otro gesto de desprecio a la dirigencia política que codicia sus favores–, quien arengó a “perder el miedo” –impostando un incomprobado dispositivo persecutorio oficial– para nutrir los puntos de encuentro previstos a lo largo y ancho del país. Es Clarín, en definitiva, quien pretende –como sugirió su CEO, Héctor Magnetto– que “la gente reaccione” contra el Gobierno para proteger sus intereses corporativos.

El mandamás del Grupo se ilusionó con que una manifestación nutrida y bullanguera torcería un destino que ya fue escrito con fuerza de ley. Pero se equivocó. Por lo que se vio –y escuchó– en la marcha, nadie capitalizará –electoral, política y comercialmente– esa tumultuosa muestra de descontento. Ni la dirigencia opositora, que jugó a las escondidas durante la convocatoria, ni el oligopolio mediático que lo alumbró. El Gobierno, obligado a ratificar su liderazgo para atenuar la provocación, mantendrá el rumbo hacia el 7D (7 de diciembre), fecha en que caduca el plazo para que Clarín se adecue a la Ley de Servicios Audiovisuales. Pero el kirchnerismo cometería un error táctico si menosprecia el dato político que brotó de esa marea humana: Clarín –y sus socios menores, como La Nación– todavía poseen la capacidad de enrarecer el clima social.

No es la primera vez en la historia que el Grupo utiliza su poder de fuego para alentar –o desalentar, según sus acuerdos de turno– acciones políticas dirigidas a presionar a gobiernos democráticos. Lo advirtió Raúl Alfonsín en un histórico discurso en la Sociedad Rural, lo vivenció Carlos Menem cuando el Grupo decidió difundir los casos de corrupción que por años ocultó bajo la alfombra por un conveniente pacto de no agresión. También lo padeció Fernando de la Rúa, la Alianza, y la dirigencia política en general cuando el Grupo llamó al “voto bronca”, una operación que deslegitimó los resultados electorales de medio término de 2001 y que sirvió de antesala a la crisis que terminaría con De la Rúa huyendo del sillón presidencial. Néstor y Cristina Kirchner también supieron de lo que el Grupo puede ser capaz: la revuelta chacarera de 2008 no ocultó, como lo manifestó el ruralista Hugo Biolcati, sus intenciones destituyentes.

Foto: Diego Pintos.

La influencia tóxica del multimedios llevó a que todos los gobiernos democráticos le cedieran más poder, ilusionados en que eso saciaría su sed de negocios. Se equivocaron una y otra vez. Alfonsín le cedió Radio Mitre, pero cayó en desgracia cuando se negó a transferirle el Canal 13. Menem, que le dio más radios, canales y hasta celdas satelitales, aceleró su decadencia política cuando le retaceó el acceso al mercado telefónico. Algo similar ocurrió con Kirchner, quien un día antes de concluir su mandato firmó la fusión de Cablevisión y Multicanal. Pero el Grupo quería más. Pretendía que el Gobierno le cediera una parte –o todo– el tendido de Telecom, lo que le hubiese permitido convertirse en el mayor proveedor de contenidos y distribuidor de telecomunicaciones del país. La reticencia K a propiciar semejante monstruo derivó en la rebelión destituyente de 2008.

La notoria capacidad de daño del Grupo Clarín tiene como contracara su baja eficacia a la hora de construir una opción electoral. Lo más cerca que estuvo fue en 2003, cuando promovió la candidatura de Ricardo López Murphy, un economista estrella del establishment que quedó a pocos puntos de disputar un ballottage. Consciente de sus limitaciones para inventar un líder convocante, Magnetto elucubró la marcha del 8N como una “gesta cívica y republicana” que le sirviera como muestra casi exclusiva de su poder. Por eso, desde las redes sociales –transmisores de la convocatoria– se difundió a repetición el pedido de asistir sin banderías partidarias. Incluso varias figuras políticas se plegaron a esa táctica, llamando a sus colegas a no asistir para “no contaminar” la marcha. Eso no implicó, claro, que fueran prescindentes de la convocatoria. Colgados de la estrategia del empresario, un enjambre de dirigentes opositores –desde el Pro hasta el FAP, pasando por la UCR y el PJ disidente– alentaron la manifestación con la esperanza de recoger voluntades en ese río revuelto, esperanzados con repetir la historia de 2008 con una aceptable performance en la próxima contienda electoral. Por lo visto y oído en la marcha, donde se multiplicaron las consignas antipolítica, ese sueño está lejos de fraguar.

Foto: Diego Pintos.

Al margen de las pretensiones de los organizadores, el acto sirvió, en principio, para conocer mejor a los que se oponen al proyecto K. Para el Gobierno, es un dato valioso saber que entre la multitud se mezclaron seguidores de la defensora de genocidas Cecilia Pando, o que el filonazi Alejandro Biondini paseó su odio a metros del rabino Pro Sergio Bergman. En ese sentido, fue interesante la experiencia realizada por el programa 6, 7, 8 de la televisión pública, que les puso micrófono en vivo a los manifestantes. El reguero de lugares comunes, consignas huecas y prejuicios expuesto por muchos de los entrevistados explicó por qué TN, canal oficial de la marcha, sólo pusiera al aire reclamos previamente editados. La consigna obvia: evitar que la sinceridad brutal de los asistentes arruinara una puesta en escena tan cuidada.

El Gobierno obtuvo parte de su fortaleza política a partir de los contrastes. No hubiese sido posible avanzar en la ampliación de derechos sin enfrentar la ira de instituciones confesionales. Tampoco se habría revertido la impunidad del genocidio sin la decisión de afrontar la reacción de los cómplices civiles de la dictadura. Era natural que, con el tiempo, algunos de esos sectores se encontraran en un espacio común: la fobia a los K. La marcha del 8N demostró, pese a los temerarios presagios difundidos por sus promotores, que la democracia argentina se consolidó al punto de tolerar incluso las manifestaciones de los ciudadanos más intolerantes. Pero también se robusteció lo suficiente para establecer que serán las urnas, y no los espejismos mediáticos, las que definirán nuestro destino.

Por Adrián Murano, de la revista Veintitrés

<<< De todos lados <<<

Estos datos y cifras son importantes para la discusión política que todos afrontamos, cada uno en su ámbito, para defender el modelo y evidenciar quien es Scioli y lo que representa pero fundamentalmente, como gestiona y para quien gobierna.
Dicho esto, les dejo esta nota que me parece imprescindible para explicar el tema Scioli CON NÚMEROS y evitar se victimize.
Esto explica los 400 mil millones de pesos transferidos a la provincia que ayer le mencionó la presidenta. IMPRESIONANTE.
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Ayuda por todas las vías

El gobierno bonaerense recibe fondos de la administración central por distintos canales, incluido un programa para cubrir sus servicios de deuda y parte de su déficit. También es una de las provincias más favorecidas por la obra pública nacional.

 Por Sebastián Premici –  (Página 12)

La provincia de Buenos Aires es la jurisdicción que más recursos recibió del gobierno nacional entre 2003 y 2011. Sólo en concepto de asistencia financiera, la Nación destinó al gobierno bonaerense 34.447 millones de pesos para cubrir servicios de deuda y su déficit, es decir un 54 por ciento de la asistencia distribuida en el conjunto de las provincias. En los primeros seis meses del año, la asistencia directa a través del Tesoro Nacional o el Programa de Desendeudamiento fue de 3300 millones de pesos, que se agregan a los 1000 millones enviados la semana pasada. Por otro lado, la administración de Daniel Scioli recibió en el período enero-junio 15.593 millones de pesos en concepto de coparticipación, que son recursos que gotean día a día en función de la recaudación general. Esto representa un incremento de 22,5 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado.

Desde diferentes sectores políticos opuestos al kirchnerismo argumentaron en los últimos días que el gobierno nacional pretendía asfixiar financieramente a la provincia de Buenos Aires. Todo esto en el marco de los problemas que tuvo Scioli para afrontar el pago del aguinaldo a sus trabajadores estatales, El gobierno nacional reconoció que seguirá asistiendo a la provincia, pero pondrá la lupa sobre el modo en que administra su presupuesto.

“Cuando uno se postula para un cargo público acepta la responsabilidad de gestionar con lo que tiene. Hoy más que nunca necesitamos que todos, incluyendo a los gobernadores y en particular al gobernador de la provincia más importante de la Argentina (Buenos Aires), estén a la altura de las circunstancias y contribuyan a mantener todo lo bueno que se ha venido haciendo”, sostuvo Hernán Lorenzino, ministro de Economía, durante una conferencia de prensa realizada el pasado 28 de junio.

En el período enero-junio de este año, el gobierno nacional distribuyó en concepto de coparticipación y otras leyes especiales 77.782 millones de pesos, de los cuales 15.593 millones fueron para la provincia de Buenos Aires. Esto representa el 20 por ciento del total de la masa coparticipable, que es lo que está estipulado por ley. En los primeros seis meses de 2011, los recursos coparticipables que había recibido la provincia se ubicaron en los 12.727 millones de pesos, sobre un total de 62.965 millones.

En términos absolutos, ésta es la jurisdicción que recibe más fondos por coparticipación, aunque no así en la distribución per cápita, que es el dato que utilizan los bonaerenses para reclamar un mayor porcentaje de recursos. Cualquier modificación a este régimen requeriría la aprobación absoluta de todas las provincias, incluida la Ciudad de Buenos Aires.

La administración Scioli también es la que recibe más dinero por el Fondo Federal Solidario, que surge de las retenciones a la soja. En el acumulado del año ya recibió 880 millones de pesos, un incremento del 15 por ciento en relación con el mismo período del año pasado y un 21 por ciento sobre el total de recursos distribuidos en todo el país (4152 millones de pesos).

“La apelación es para administrar la cosa pública con responsabilidad tratando de eficientizar la gestión de tal manera de seguir llegando a la gente”, había dicho Lorenzino en la conferencia de prensa citada. Frente a esta apelación de “responsabilidad” por parte del ministro de Economía, los números de la provincia resultan elocuentes. Entre 2003 y 2011, las transferencias automáticas por coparticipación, y las específicas para programas sociales y obras públicas, sumadas a la asistencia del Tesoro Nacional para afrontar servicios de deuda y el déficit provincial, crecieron un 583 por ciento, al pasar de los 5683 millones de pesos a 38.813 millones.

Durante este mismo período, la Nación aportó otros 133.879 millones de pesos para cubrir las necesidades sociales (y financieras) de los bonaerenses, según datos de la cartera económica. Para cubrir esas mismas necesidades, la provincia aportó 97.603 millones de pesos, es decir un 37 por ciento menos que la administración nacional. Sólo en 2011, esos recursos girados representaron un 140 por ciento del gasto provincial, es decir 36.270 millones de pesos anuales más que lo ejecutado por la propia administración bonaerense.

Parte de esos recursos fueron volcados en la Asignación Universal por Hijo (AUH), beneficios jubilatorios, mayor presupuesto para la educación pública y un incremento de los accesos a los servicios públicos básicos. En el rubro puntual de obra pública, las transferencias de capital tuvieron un incremento de 12.000 por ciento entre 2003 y 2011, al pasar de 18 millones de pesos a 2167 millones el año pasado. Por su parte, las transferencias para los planes sociales tuvieron un crecimiento de 703 por ciento y la asistencia financiera escaló un 838 por ciento.

Hay otro dato que no puede soslayarse en la actual situación financiera de la provincia: el Programa Federal de Desendeudamiento, lanzado en 2010 para aliviar la situación fiscal de todas las jurisdicciones. Para la provincia de Buenos Aires significó un ahorro de 22.607 millones de pesos en concepto de servicios de deuda (hasta 2017), más una baja de su pasivo en 4134 millones de pesos. El ahorro en los pagos por servicios de deuda para el período 2010-2012 será de 12.527 millones de pesos.

 

<<< CASO YPF: CHISTE CATALÁN <<<

Por Alfredo Zaiat, publicado en Página 12

Argentina perdió el autoabastecimiento energético con necesidades mayores de importación de combustible para alimentar un ciclo de crecimiento inédito, por duración y magnitud. Así se expresa el agotamiento del modelo energético de desregulación y privatización de un sector estratégico de la economía. Definir una nueva estructura de la propiedad de las acciones de YPF es un comienzo para recuperar el autoabastecimiento como parte de una política energética global que acompañe el desarrollo de las fuerzas productivas. Para lograr ese objetivo, los españoles de Repsol son parte del problema; no una opción de solución. Las cifras de producción, reservas, ganancias y distribución de utilidades desde que tomaron el control de la petrolera nacional son elocuentes.

Repsol adquirió casi la totalidad de las acciones de YPF en 1999 desembolsando 15.169 millones de dólares, cuando el precio del barril de crudo había alcanzado un mínimo de 10,75 dólares a comienzos de febrero de ese año, con una media de 12,28 dólares en 1998; hoy cotiza arriba de los 100 dólares. Desde entonces su estrategia productiva fue principalmente extractiva. Esto significa explotar al máximo los pozos de petróleo y gas existentes sin realizar inversiones significativas para recuperar o mantener reservas, violentando la lógica del negocio de las petroleras. Esta consiste en extraer recursos y reponer reservas con inversiones para de esa forma mantener el valor de la compañía. Repsol no aplicó con YPF esa norma esencial de funcionamiento de las petroleras. Los fondos obtenidos devastando los pozos de YPF fueron desviados para su expansión global, orientando inversiones hacia Norteamérica (Alaska), Brasil, Golfo de México, el Caribe y el norte de Africa (Argelia y Libia). Argentina no figuró en esos planes pese a los publicitados y reiterados anuncios de inversiones de los españoles.

El crecimiento de Repsol en otros mercados fue con capital obtenido de las ganancias de YPF. Como se mencionó, siendo Repsol una petrolera de escasa relevancia a nivel internacional, se endeudó para comprar YPF por 15.169 millones, y en el período 2001-2006 distribuyó dividendos en efectivo por 8200 millones de dólares. En apenas seis años Repsol recuperó casi el 55 por ciento de lo que había desembolsado. En el lapso 2007-2010 el giro de utilidades sumó unos 5100 millones de dólares. Las del año pasado, equivalentes a 1200 millones de dólares (5296 millones de pesos), no pudieron remitirlas por la oposición del gobierno de CFK. En total, desde que tomó el control de YPF los españoles repartieron entre sus accionistas 13.300 millones de dólares, que si se agregan a las que fueron detenidas suman casi lo mismo que habían pagado para adquirir la ex petrolera estatal. Es lo que se conoce en libros de historia como depredación de recursos naturales por parte de multinacionales.

Todas esas inmensas ganancias remitidas a la casa matriz en Madrid restaron fondos para invertir en exploración y explotación de las áreas hidrocarfuríferas que posee en Argentina. El resultado fue la caída de la producción y reservas de petróleo y gas, que explica en gran parte la pérdida de la categoría de país con autoabastecimiento energético. La producción de petróleo y gas a partir de la administración de YPF por Repsol se basó en la extracción de recursos existentes antes de 1998, es decir, descubiertos bajo la administración estatal.

 

 

El especialista Ricardo De Dicco ofrece datos contundentes de esa conducta de la firma española. La declinación de los volúmenes de extracción de crudo fue de -27,8 por ciento en 2011 respecto a 2003; y la de gas natural fue de -36,8 por ciento desde el pico de 2004 en comparación con 2011. La refinación alcanzó su máximo en 2007, para luego descender y en relación a 2011 bajó 18,7 por ciento. “Con respecto a las inversiones de capital de riesgo en exploración por parte de YPF S.A., durante el período 2003-2011 fue de apenas ocho pozos. La comparación es impresionante: durante la década del ’80, YPF estatal había alcanzando un promedio anual de 117 pozos de exploración”, señala De Dicco.

La descapitalización de YPF realizada por Repsol ha sido impresionante, en línea con lo hecho por sus colegas españoles de Iberia, primero, y el Grupo Marsans, después, con Aerolíneas Argentinas. Para recuperar la línea de bandera vaciada se pagó simbólicamente un euro. Según los números de la propia compañía que presentó en la Bolsa de Nueva York, su pasivo a fines de 2011 ascendía a 8351 millones de dólares, lo mismo que hoy vale YPF en el mercado bursátil luego de la caída de la cotización desde comienzos de año. La descapitalización se originó en la distribución de todas las ganancias entre los accionistas, en el endeudamiento para mantener en funcionamiento la empresa, y en la reducción de su patrimonio por la perdida de reservas de petróleo y gas debido a pobres planes de inversión en exploración de hidrocarburos.

Los investigadores Andrés Asiain y Agustín Crivelli en “La explotación de hidrocarburos en Argentina. Estudio de caso: YPF S.A.” explican que “se observa una lógica predatoria que se encuentra muy lejos de un comportamiento racional para una empresa petrolera”. Si las reservas son el principal activo de una compañía petrolera, YPF se está descapitalizando. ¿Cómo se entiende entonces la estrategia de Repsol sobre uno de sus activos más importante? Asiain y Crivelli responden: “No, justamente ahí reside la gravedad del problema. No se trata de una mala administración de los yacimientos argentinos por parte de la empresa española. Este comportamiento se inscribe en la estrategia global que el grupo Repsol se ha venido trazando en los últimos años”. Los españoles no están dispuestos a asumir riesgos de exploración en las cuencas argentinas. Por ese motivo desde que se hicieron cargo de la administración de YPF no se volcaron a la exploración para incrementar reservas. “La estrategia de negocio en la Argentina se basó, y se basa, en extraer las reservas existentes para, a partir del persistente incremento de los precios internacionales del crudo, generar crecientes niveles de utilidad que luego utiliza para expandirse globalmente”, afirman Asiain y Crivelli.

Argentina requiere de inversiones de largo plazo y de riesgo, un tipo de inversión que no responde al objetivo de alta rentabilidad inmediata que busca Repsol con YPF. Dentro de los planes del grupo español, la empresa argentina aparece como uno de los activos a exprimir para luego desprenderse de ellos, no sin antes extraer toda la ganancia posible para financiar su expansión global. Esta política desplegada con la petrolera nacional YPF tuvo su premio para el presidente de Repsol, Antonio Brufau. Muchos en Argentina lo muestran abrumado por el trato que le dispensa el gobierno de CFK. Es un chiste catalán. No debería ser motivo de preocupación ni su estado de ánimo ni su situación patrimonial. Brufau cobró el año pasado 7,0 millones de euros: 2,4 millones de retribución fija, a la que se sumaron 1,9 millón en variable y 2,7 millones por una gratificación extraordinaria por los resultados de Repsol en 2011. Esos ingresos le significaron cobrar un 78 por ciento más que lo percibido en 2010, cuando embolsó 2,3 millón en retribución fija más 1,6 millón en variable, es decir 3,9 millones. Brufau no estuvo sólo en abultar su cuenta. Los diez miembros de la alta dirección de la petrolera también se vieron beneficiados por ese bono, recibiendo en total 18 millones de euros en 2011, frente a 12,5 millones de euros del ejercicio anterior.
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Esta es básicamente la situación por la cual el gobierno intenta recuperar la soberanía energética dado que se han dilapidado nuestras reservas sin que hubieran las inversiones necesarias para acompañar con nuevas exploraciones y la consecuente producción el crecimiento de la economía y porque no podemos seguir aceptando se esfumen nuestros recursos y las divisas que se generan en el país solventando importaciones para cubrir la demanda.
En definitiva, recuperar lo nuestro.

<< SINTONIA FINA, UN CAMBIO PROFUNDO >>

El modelo vigente sigue adaptándose y cambiando para seguir siendo el mismo que transformó al país en estos últimos 8 años. Ahora vamos por más, a profundizar institucionalmente el modelo. Y esto no es sólo una frase, son hechos.
Por Mariano Beristain – Tiempo Argentino.

Uno de los sellos distintivos del neoliberalismo es el supuesto carácter inexorable del curso de la realidad. Nada se puede modificar en la medida que no se sigan los dictados del mercado, reza la biblia conservadora. En Grecia y España, por ejemplo, ya anticiparon que la recesión cayó como un castigo maldito contra dos naciones que vivieron más allá de sus posibilidades y que la sequía económica y el proceso de depuración se extenderá “irremediablemente” hasta 2014. La realidad, según la visión de los artífices del Consenso de Washington, es inmodificable porque la solución ya no está en manos de los gobiernos. Esta visión totalitaria significa un jaque mate al concepto de democracia. ¿Para qué votar un gobierno si este no puede hacer nada para cambiar la realidad? Este es el debate que se pone en tela de juicio con la decisión oficial de modificar la Carta Orgánica que redactó el ministro de Economía, Domingo Cavallo en 1992.

El proyecto que se aprobó en la madrugada del jueves es un paso decisivo en el largo camino que falta andar para lograr una mayor independencia del Estado argentino frente al poder de los mercados, entendiendo como tales a los grandes capitales concentrados. La reforma del Ejecutivo permitirá al Banco Central fijar políticas para fomentar el desarrollo económico y también se erigirá en prestamista de última instancia del Estado. Sin embargo, lo más importante de la reforma es que sepulta la esencia de una entidad que durante años se dedicó exclusivamente a organizar, cuidar y alimentar el negocio de los bancos y que hoy recupera el criterio de soberanía financiera.

La modificación sustantiva de la Carta Orgánica tiene una trascendencia y un efecto similar al que se obtuvo con la reestatización de los fondos jubilatorios. Acaba con el concepto de un Banco Central que actuaba como representante fiel de los intereses del sector financiero en el Estado nacional y lo pone al servicio de un proyecto de país. En la misma sintonía de la reforma de la Carta Orgánica se puede englobar la recuperación de la política de comercio que comenzó el gobierno desde que se creó la Secretaría de Comercio Exterior: apunta a recuperar la gobernabilidad de un negocio millonario que no puede quedar a merced de un puñado de empresas porque en definitiva tanto las exportaciones como las importaciones conjugan el trabajo y el esfuerzo de millones de argentinos. Las “trabas” a las importaciones que tanto cuestionan los mismos sectores que se horrorizaron con la modificación de la Carta Orgánica son una herramienta clave que tiene cualquier país independiente interesado en defender el mercado interno y la fuerza laboral.
La Unión Europea, a través de sutiles normas fitosanitarias, o los Estados Unidos, mediante agresivas decisiones políticas que castigan a los países que no aceptan sus normas de derechos de propiedad, también restringen el acceso de otros países a sus mercados.

La ingenuidad en materia de política económica es la peor de las sandeces y la Argentina no se puede dar ese lujo, menos aún en un marco universal de crisis del capitalismo, excepto que aquellos que promueven este tipo de infantilismos tengan como único y velado propósito generar un daño irreparable al modelo económico.

 
A juzgar por los primeros resultados “las trabas” del secretario Guillermo Moreno están rindiendo sus frutos. Aunque algunos medios lo quisieron invisibilizar, en febrero las importaciones cayeron mientras que las exportaciones crecieron el 13%, lo que permitió que el excedente comercial se ubicara por encima de los U$S 1340 millones y trepara un 121 por ciento. De esta manera, los expertos creen que de continuar este ritmo a fin de año el superávit alcanzará la previsión de U$S 8579 millones del Presupuesto 2012 e incluso podría orillar los U$S 10 mil millones que se propuso el gobierno en segunda instancia. Todo en un contexto  externo particularmente complicado, en el que la Argentina necesita dólares imperiosamente para no descapitalizarse.

En el mismo sentido puede comprenderse la obsesión de la dupla Guillermo Moreno-Débora Giorgi por forzar a las empresas a reinvertir sus ganancias en el país o sustituir importaciones por producción nacional. Este año las automotrices que tiene sus pies puestos en la Argentina se comprometieron a no girar las utilidades a las casas matrices, por lo menos durante seis meses. General Motors, PSA, Renault y Ford prometieron que no remitirán utilidades por US$ 645 millones en el período 2011-2012. Scania también se sumó y se comprometió a capitalizar utilidades acumuladas hasta 2010 por US$ 56,8 millones y a reinvertir las que generó entre 2011 y 2012. También se sumaron otras firmas como Claas, Volvo y Walmarts. Además, se firmaron 17 acuerdos de equilibrio de balanza comercial rubricados entre el Estado nacional y las empresas automotrices, que aportarán este año más de U$S 4200 millones a la balanza del sector automotriz. Sin embargo, esta estrategia no es fruto del azar sino de un cambio en la concepción del rol que debe jugar el Estado en su relación con el resto de los actores económicos.

El gobierno nacional, hace más de un año viene desplegando una estrategia tendiente a convencer a las empresas de que para quedarse en la Argentina tienen que fabricar en el país y ocupar empleo local. El caso de la maquinaria agrícola es un ejemplo claro de esta política, que es un despliegue de seducción y coacción. Las tres multinacionales Agco, John Deere y Case New Holland, radicadas en Brasil, debieron invertir en la Argentina para continuar operando en el mercado local. De hecho, en 2011 no pudieron ingresar máquinas hasta que no presentaron un plan de desembolsos en el país. Entonces, estas empresas  anunciaron proyectos de inversión por U$S 430 millones que se reparten entre la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

El gobierno también presionó a las compañías para que sustituyeran importaciones y logró que la francesa Faurecia comenzara a producir en el país paragolpes de última generación y que Lacoste inaugurara la tercera planta industrial fuera de su país. Después hubo una docena de empresas que siguieron caminos parecidos; la sueca Electrolux, las alemanas Mercedes Benz y Evonik Degussa, entre otras. Tampoco hay que olvidar la determinación que tomó el Banco Central de aumentar la exigencia de capital mínimo a aquellas entidades que pretendan distribuir dividendos con el objetivo confeso de frenar la remisión de utilidades de los bancos que tienen su casa matriz en el exterior. La medida apunta a reducir la salida de capitales por parte de un sector que viene exhibiendo en los últimos años ganancias récord, que para el conjunto del sistema alcanzan los $ 7000 millones adicionales, que quedarán en el país. Estas medidas reflejan un cambio profundo, lento es cierto, paulatino, pero, desde algún punto de vista, fundamental. La Argentina se había transformado en un coto de caza sin reglas de los grandes grupos multinacionales. El proceso de recuperación de la soberanía, en cualquiera de los campos, genera y va a seguir generando profundas resistencias por parte del establishment, que se agudizarán en la medida que se avance en la recuperación de los espacios que aún están en manos de los verdaderos dueños del poder. No obstante, las señales y los resultados muestran que la sintonía fina refleja en realidad la raíz de un profundo cambio en las relaciones del poder en la Argentina y de que la realidad puede cambiar.

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