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<<< LA CORTE FALLO EN SU CONTRA <<<

El fallo de la Corte de ayer me obligó. Pensé que no pero acá estamos, comentando como la Corte falló en contra de la Corte, porque dicho en criollo, eso es lo que hizo con argumentos muy chiquitos, muy pequeñitos para provenir del más alto tribunal.

Fueron 2 los recursos que definió en su acordada de ayer la Corte Suprema de Justicia.

En primer término hablemos del PER SALTUM

En unas pocas líneas, apenas 6, sin entrar en mayores consideraciones, lo rechazó declarándolo inadmisible y refiriendo a un artículo de la reciente Ley regulatoria. De esta forma, nadie que no esté empapado en los resquicios legales y que tenga conocimiento cabal de la ley entenderá porque lo rechaza. La cuestión es que se supone que quien es beneficiado por una sentencia se supone no intenta esquivar la instancia superior a la que quien perdió apela. En otros términos, si el Juez de primera instancia Alfonso favoreció al gobierno con su sentencia convalidando la constitucionalidad de la ley, no puede ser el mismo gobierno beneficiado quien apele a la última instancia para saltear a la del medio, es decir la cámara.

Ese criterio se considera válido si fuera el único necesario pero debe aquí hacerse notar que al tiempo que se aduce el mismo como argumento para el rechazo, se está desconociendo el otro elemento que la misma ley que reguló al Per Saltum reconoce como requisito para acudir al mismo y es la GRAVEDAD INSTITUCIONAL. La corte rechaza el recurso sin analizar la GRAVEDAD INSTITUCIONAL invocada por el gobierno en su presentación. Políticamente, desconoce la gravedad y prioriza que no siendo el perdidoso no corresponde y rechaza y como veremos más adelante, al rechazar el recurso tampoco menciona al fallo de primera instancia que es REQUISITO FUNDAMENTAL,  aunque no desconoce sus efectos que beneficiaron al gobierno.  Teniendo en cuenta todo el asunto queda la sensación que la decisión política de la Corte era no avocarse a la cuestión de fondo ahora y para eso utilizó el argumento de que quien gana no apela para rechazar el recurso.
Finalmente, cabe destacar que aparte de la gravedad institucional el gobierno se siente AGRAVIADO porque el fallo del Juez Alfonso aceptó considerar al Grupo Clarín como litigante cuando alega que como Grupo Clarín no tiene ninguna licencia a su nombre, lo que jurídicamente se denomina “legitimación activa”. También el fiscal de la causa en su dictamen había resaltado esta falla de clarín, que no es de ahora sino que viene de lejos ya que tampoco cumplía con la norma anterior (la de Radiodifusión) estando en infracción operando licencias que no estaban a su nombre.

Entonces, que la Ley se haya votado hace más de 3 años y que el estado no pueda imponer su cumplimiento justamente al grupo que más la incumple en términos de ser el que más licencias excedentes tiene de acuerdo a lo que estipula la ley, no implica ninguna GRAVEDAD INSTITUCIONAL como para que la Corte se avenga a tratar la cuestión de fondo y acortar esos plazos que el pueblo siente se han alargado en demasía, en protección del monopolio mediático por cuyo accionar ha surgido este litigio.

Ahora analicemos el RECURSO EXTRAORDINARIO.

No puedo empezar sin decir que girones importantes del prestigio de la corte los han perdido al firmar este fallo. La Corte falló en contra de la Corte. Se han contradicho. Ya no podrán esgrimir coherencia y lo que es peor, ya no podrán esgrimir INDEPENDENCIA.

Quizás este párrafo debiera ir al final de la explicación que sigue pero este sentimiento es lo que disparó que le esté dando al teclado en este momento para decir estas cosas. Ya pasó la impotencia con ese poquito de bronca inicial que se siente ante la noticia. Ya leí el fallo y lo releo en las partes importantes y la escasez argumental de la corte es muy IMPORTANTE, y a fuer de ser redundante, es IMPORTANTEMENTE escasa. Hay muchas argucias legales para no ir al hueso. Hay muchas ambigüedades para no ir a fondo en nada.

La sensación es que se juntaron, se miraron, notaron en sus rostros una mueca de temor paralizante al pensar en ver los títulos del día siguiente que presentarían a las señorías como presionados por el gobierno y, creo yo, a lo que más temen por la historia reciente, por el desprestigio que conlleva, por sus egos personales y orgullo es que se los indique como CORTE ADICTA. En ese sentido, hacen lo que muchos que SE SIENTEN PARTE de esa casta-raza-sector-corpo etc, que son distintos y que una vez que llegan a esas poltronas los hace creer que están un poco más allá, a otra altura que el resto. Sienten la tentación de gobernar. Como “entienden” en cosas importantes, creen tener la potestad de decidir en tal o cual sentido, mayormente correctivo de esos simples legisladores cuyo único mérito para votar leyes ha sido el de que los elijan los que no son como ellos, los distintos, sino los otros, los iguales. A ellos los eligen por sus méritos a los otros apenas los votan.

Está clarísimo el interés de proteger al multimedio clarín, al menos en lo que se refiere al tiempo ya que no podemos aventurar como harán para dibujar un fallo que cuestione constitucionalmente los artículos en consideración. Pero hemos visto como se desdijeron de lo que habían fallado en Mayo de este año cuando por su propia decisión surge el 7D. En efecto, la Corte dijo que la cautelar caducaba ese día. La procuradora se los recordó en su dictamen no vinculante, pero a ellos no les importó, tan interesados en proteger a clarín estuvieron.

“El plazo de vigencia de la medida cautelar venció el 7 de diciembre pasado”, había dicho la Corte. Luego la Cámara, “se arrogó” la atribución de “revocar” la caducidad de la cautelar. El argumento fue que como no existía riesgo de que se prolongue eternamente el pleito por los apuros que impuso la Corte entonces era este el momento en que el “sentido conservativo” de la cautelar era más necesario para evitar luego la imposibilidad de que la sentencia de fondo sea eficaz. En otras palabras, si la cautelar no se prorroga y se liquidan sus licencias y luego Clarín gana entonces la sentencia de fondo no podría aplicarse porque el daño ya estaría hecho, entonces PROTECCIÓN TOTAL para clarinsito.
Para peor, el Grupo Clarín no esgrimió ningún argumento que muestre que cambiaron las circunstancias y “la verosimilitud del derecho” (las chances de que le den la razón) dejó de existir con la sentencia de primera instancia a favor del Gobierno. Pero el recurso extraordinario era anterior a la sentencia del Juez Alfonso por lo que la cuestión de la verosimilitud se descarta, no se tiene en cuenta. En este punto la argucia de la Corte es que el fallo de Alfonso no existe. Entonces, la cuestión de la verosimilitud perdida tampoco.
Recordemos que el recurso extraordinario del Gobierno que cuestiona la vigencia de la medida cautelar, prolongada por decisión de la Sala I un día antes del 7D, es anterior a la resolución de Alfonso.
Gils Carbó les dijo que el fallo de Cámara que se impugnaba “se desvió de la decisión de la Corte, desnaturalizándola y privándola de sentido”. O sea, les dijo que la cámara les mojó la oreja y les tocó alguna parte trasera pero la corte, impertérrita, lo ignoró, convalidando la cautelar, prolongándola más allá de la fecha en que ellos mismos habían dicho que vencía, llevándola hasta la sentencia definitiva que no es la de Alfonso sino que será la de la propia cámara.

Vamos ahora a otro punto muy controversial que es quizás junto con la extensión de la cautelar, el que más lesiona la credibilidad de la Corte. Aquí también esgrimen un tecnicismo legal para no decir palabra y otorgarle IMPUNIDAD a los jueces de cámara, cuyos jueces decidieron por la recusación contra ellos mismos declarándola inadmisible.

Volvamos con lo que dice la procuradora, quien opinó que los propios camaristas no debieron haber rechazado por inadmisibles las recusaciones previamente planteadas por la AFSCA contra ellos mismos. “El hecho de que los mismos jueces –cuya imparcialidad una parte pone en cuestión– se arroguen la atribución de juzgar sobre su propia imparcialidad controvierte una idea fundamental que subyace a las garantías constitucionales del debido proceso”,  Un punto realmente grave. “La recusación del juez Francisco de las Carreras exigía una evaluación sobre el mérito de la petición que obligaba a la intervención de jueces imparciales”, remarcó Gils Carbó quien fustigó: “La impertinencia de la decisión de la cámara en este aspecto es, a mi juicio, palmaria.”  Entonces, lo que hicieron estos jueces de cámara, para no ser apartados, mantener el control del expediente y demostrar la profundidad del sometimiento al monopolio, es declararse inocentes y aptos para entender en la causa. Clarín ya los había paseado con todos los gastos pagos y ahora ellos debían pagar la cuenta con su fallo y no podían correr el riesgo que un tercero dijera algo imprevisto que los aparte. Así, ellos mismos se protegieron, “por si las dudas”.

La argucia legal con la que la corte evitó referirse al tema fue que la recusación a los jueces había sido efectuada por el AFSCA mientras el recurso extraordinario que estaban analizando era presentado por el gobierno a través de la Jefatura de Gabinete y siendo que al momento de la presentación del AFSCA en el expediente para ser considerada como parte se la consideró aparte, entonces hubiera correspondido que el reclamo respecto a la decisión de los jueces de exculparse a si mismos para inmediatamente luego resolver la extensión de la cautelar debería de haber sido presentado por recurso de la propia AFSCA. Con este artilugio se define la IMPUNIDAD de los Jueces de cámara. Tiene mucha razón Gils Carbó cuando lo define como IMPERTINENCIA PALMARIA.
Obviamente que al tiempo que se esgrime esta excusa para no considerar la actitud indecorosa e ilegítima de los camaristas la corte evita cuestionarlos porque de hacerlo, debería invalidar el propio fallo de cámara, lo que hubiera dejado a clarín sin la protección interminable de SU cautelar. También hubiera tenido que definir la elección de otra Sala de cámara para entender en la apelación efectuada por clarín al fallo de primera instancia. Hubiera sido un escándalo y nunca se hace eso contra una corporación mediática del poder de clarín y tampoco se hace eso entre “pares”. Esto da la pauta de cuanta razón tiene la presidenta cuando dice que se juzgan (protegen) entre ellos. En este caso la protección les evitó un jury.

7Da-

El siguiente párrafo del dictamen de la procuradora (disculpen que lo repita) estará marcado a fuego en el desprestigio de la corte: “El hecho de que los mismos jueces –cuya imparcialidad una parte pone en cuestión– se arroguen la atribución de juzgar sobre su propia imparcialidad controvierte una idea fundamental que subyace a las garantías constitucionales del debido proceso y la inviolabilidad de la defensa en juicio: el juzgador imparcial, al que toda parte en un litigio tiene derecho”. 

Esto y la extensión de la cautelar a la que ellos mismos le habían puesto fecha de vencimiento, será una MANCHA que quedará marcada a fuego en esta corte a la que un día se le cayó la toga y mostró su otra cara.

(Me estoy midiendo, sepan entender. El párrafo que sigue podría estar al final, pero la fea sensación del fallo merece el corolario de esta nota) Este si será el último post del año. Nos vemos el año que viene cuando la realidad lo imponga. Esperemos esto sea una cuestión de tiempo y que la ley pronto se pueda aplicar sin excepciones. Levantemos la copa bien alto para saludar el año que entra que nos encuentra ante el desafío de repetir el 55% e incluso mejorarlo porque como siempre, vamos por más.)

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Que difícil resulta tocar intereses de privilegio de las corporaciones. Recordemos que el dictamen del fiscal ya había dicho que clarín no podía presentarse como lo hace en la causa cuando ya incumplía la vieja Ley de Radiodifusión. La corte es la misma que aunque sea por omisión, avaló el desquicio manual en el manejo de subrogancias que más que una cuestión legal y de procedimiento parecía una agencia de empleo, sacando jubilados de la nada para ofrecerles juzgados con la condición de aceptar el sometimiento imperante desde la propia presidencia de la cámara que ejercía antes el famoso y deshonesto juez Recondo, disertante en el congreso de clarín con el nombre de Certal efectuado en Miami al que estos magistrados LES ENCANTA concurrir porque les hace sentir que PERTENECEN. Y a la corte todo esto le pareció JOYA y como nunca aquí cabe la vieja frase de MUTIS POR EL FORO. Lo silenciaron. No quisieron quitarle a clarín sus jueces naturales.

Finalmente decir lo siguiente: 146 diputados fueron la amplia mayoría que el bloque del FPV construyó cuando era minoría en la cámara baja para aprobar la Ley. Luego 44 senadores la aprobaron en el senado. No hace falta decir que el conjunto del pueblo argentino está  representado en el parlamento y sin embargo un Juez jubilado-subrogante fue necesario para dictar la cautelar que luego de 3 años y 3 meses todavía protege a clarín e impide la aplicación de la Ley. A ese juez jubilado lo sostienen los jueces de cámara y ahora los de la corte. Menos de 15 personas impiden la total puesta en vigencia de la ley aprobada por los representantes del pueblo y que fuera ratificada por los 12 millones de votos que obtuvo la presidenta en su reelección hace poco más de un año. Ocurre que los presidentes y legisladores pasan y las corporaciones y los jueces quedan.

La corte suprema de justicia (así en minúscula) ayer le atestó un duro golpe a la igualdad ante la ley, le hizo una zancadilla a la seguridad jurídica y magnificó el estado de indefensión que siente el simple ciudadano cuando no se ve defendido por quienes están en los estrados judiciales para preservar el estado de derecho que implica que nadie puede estar por encima de la ley, salvo que se llame clarín, es el mensaje de ayer de los cortesanos.

ccrrii

<<< CLARÍN, FUISTE CLARÍN <<<

Ernestina, con que nos quedamos, el cable o el 13?-  A vos que te parece Héctor?- El cable es más guita, pero si vendemos el 13, que hacemos con el gordo? -Ese lanato es yeta, lo trajiste y se nos cayó la cautelar. Bueno y entonces, que hacemos? . . .
No se Héctor, después te llamo, ahora estaba viendo un documental y viene la parte en que corto las cintitas con Jorge Rafael, estaba tan linda en esa época . . . y a propósito, como anda la fábrica de Papel? –Después le explico Ernestina, llámeme-

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Puede no ser así o puede que sea parecido. No importa, es ficcional. Lo concreto, lo real es que todo llega, los plazos se cumplen. Nadie puede detener el tiempo, transcurre, inexorable. Incluso para aquellos que creyeron que estaban por encima de todo, que habitaban en un mundo aparte, con leyes propias o manejando a quienes se las hacían a medida. Incluso para quienes se pensaron intocables, indemnes de todo poder porque ERAN el poder, inmunes de toda consecuencia porque imponían sus condiciones y establecían las normas que les otorgaba impunidad, alejados de las que rigen para el común de los mortales, sin necesidad de cumplirlas, mucho menos de respetarlas y que hasta se daban el lujo de creer que siempre iban a poder seguir imponiendo su forma de pensar, su manera de ver la vida, desde su lado de la vida.

El escollo insalvable para los que están de ese lado de la vida, los de siempre y los advenedizos, se llama LEY. El problema que tienen, lo tienen con LA LEY.
Ya no hay intocables para cuando desde el estado se impone el respeto de la ley sin distinciones, o sea, para todos. Los únicos intocables están en el cementerio.

Una impresionante ráfaga de aire puro atravesó ayer todo el país, de la Quiaca a Ushuaia. El aire que hoy se respira está más limpio, es más puro. Viene desde los orígenes de nuestra patria, de cuando se gritó LIBERTAD. Viene de las entrañas del pueblo que ahora grita IGUALDAD.

Los dueños del país están sufriendo esta democracia que intenta distribuir más. La distribución que se intenta afecta sus intereses. El poder fáctico forma parte de sus haberes, lo necesitan para preservar sus intereses, que para ellos se traduce en dinero. Porque es desde ese poder que construyen su impunidad, con lo que disciplinan al resto.

En lo que se refiere a LA PALABRA, también allí hubo que democratizar porque la concentración era inmensa, un resorte de quienes usufructuaron la ausencia de libertades para incrementar sus posiciones de privilegio, que necesitaron gobiernos débiles para acentuar sus condicionamientos a la política y a la democracia para acentuar el control de medios y con ello  garantizarse exclusividad en la creación de sentido, la construcción del relato único, dominante y “sometedor” del pueblo.

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Este bloggero no pretende incursionar en temas leguleyos en pos de escribir pavadas como las que hoy se pueden leer en los editoriales de los medios afectados por la aplicación de la Ley de Medios. El editorial de Morales Solá en lanazión de hoy es una nota en la que moralito bate todos los récords de mentiras, fabulaciones, errores de concepto e información falsa alguna vez escrita.

Vayamos a la explicación del fallo, elaborado por la propia Corte:
(es larga y un tanto engorrosa pero imprescindible para entenderlo)

Por decisión unánime, firmada por Lorenzetti, Highton, Fayt, Petracchi, Maqueda y Zaffaroni, el Tribunal dispuso mantener la cautelar que había suspendido la aplicación del artículo 161 de la ley 26522, con el plazo de treinta y seis meses que había dispuesto la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, pero  contados a partir de la fecha del dictado de la medida, con lo cual esta deja de estar vigente el  7 de diciembre de 2012.

La Corte advirtió que, habiendo vencido el plazo del art. 161 de la ley 26.522 el día 28 de diciembre de 2011, por efecto de la finalización de la cautelar, a partir del 7 de diciembre de 2012 vence la suspensión del art. 161 de la ley 26522 con respecto a la actora (Clarín).

La Corte recordó que las medidas cautelares son resoluciones jurisdiccionales precarias, no definitivas. Y señaló que cuando las cautelares se hacen ordinarias y sustituyen a la sentencia definitiva, se crea un derecho precario, lo que constituye una lesión al objetivo de afianzar la Justicia señalado en el Preámbulo de la Constitución Nacional.

I) Hechos

• El Grupo Clarín S.A., Arte Radiotelevisivo Argentino, Cablevisión S.A., Multicanal S.A., Radio Mitre S.A. y Teledigital Cable S.A. solicitaron el 1º de octubre de 2009 una medida cautelar para suspender el tratamiento legislativo de la ley de medios. El Juez Nacional en lo Civil y Comercial Federal Nº 1 rechazó el pedido por resolución del 9 de octubre de 2009.

• En el mismo expediente se pidió, con fecha 26 de octubre de 2009, una nueva cautelar ante la sanción de la ley 26.522. El Juez hizo lugar a la medida suspendiendo la aplicación de los arts. 41 y 161 de la ley 26.522.

• El Estado Nacional apeló la medida ante la Sala Uno de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal,  la que confirmó la medida sólo respecto del artículo 161 de la ley 26.522.

• El Estado Nacional interpuso el 5 de octubre de 2010 un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual fue desestimado por falta de sentencia definitiva. No obstante, en el voto de los jueces Lorenzetti, Highton, Fayt, Maqueda y Zaffaroni, se consideró conveniente la fijación de un límite temporal razonable para la medida cautelar.

• El 9 de noviembre de 2010, el Juez de primera instancia desestimó la fijación de un plazo.

• La Cámara de Apelaciones, mediante sentencia del 12 de mayo de 2011 impuso un plazo de 36 meses para la vigencia de la cautelar, contados desde la notificación de la demanda.

• El Estado Nacional interpuso recurso extraordinario, cuya denegación motivó la presentación de la queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitando la revocación de la cautelar.

• El Procurador General de la Nación, Esteban Righi, emitió su dictamen el 19 de diciembre de 2011, en el que se pronunció por la revocación de la medida cautelar.

II) Argumentos de la Corte Suprema

• Considera que la medida cautelar debe mantenerse porque ya se ha dictado sentencia de la Corte en esta misma causa y en el mismo sentido con fecha 5 de octubre de 2010.

• Que dicha cautelar no afecta de ningún modo la aplicación general de la ley 26.522.

• Que el plazo de treinta y seis meses fijado por la Cámara no resulta irrazonable y se ajusta a los tiempos que insume la vía procesal intentada.

• Que el plazo previsto en el artículo 161 fue prorrogado por la propia Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (resoluciones 297/10 y 1295/11) y las licitaciones fueron suspendidas, lo cual contradice en gran medida la afectación que dice sufrir como consecuencia de la decisión de fijación del plazo. (palito para el Gobierno)

• Conforme a las resoluciones mencionadas, dicho plazo legal venció el 28 de diciembre de 2011, pero no se aplicó a la actora (Clarín) como consecuencia de la medida dictada por el Juez.

•  Que el plazo de la cautelar no puede contarse a partir de la notificación de la demanda, sino desde la notificación de la cautelar. Los datos a tener en cuenta son los siguientes:

• La medida cautelar fue ordenada el 7 de diciembre de 2009.

• La actora promovió la demanda, el 4 de febrero de 2010, al “único efecto de evitar la caducidad de la medida cautelar”. Sin embargo, requirió que no se dispusiera correr traslado y que se reservara el escrito en secretaría; además, formuló expresa reserva de su derecho a ampliar la presentación (fs. 1323/1324).

• Sólo ante la orden dada por el juez con fecha 22 de abril de 2010 se produjo la ampliación de la demanda, lo que ocurrió el 6 de mayo de 2010.

• La demanda fue notificada el 17 de noviembre de 2010.

•  Es decir que, si bien las actoras obtuvieron una medida cautelar el 7 de diciembre de 2009 y promovieron la demanda el 4 de febrero de 2010, recién procedieron a notificarla el 17 de noviembre de ese año. De manera que, entre el dictado de la medida precautoria y la notificación de la demanda transcurrió un año, por la sola voluntad de las peticionarias, lo cual resultaría demostrativo de un interés más centrado en lo provisional que en la resolución definitiva del pleito.

• Que no puede dejarse en manos de la parte beneficiada por la medida cautelar el momento en que debe comenzar el cómputo de razonabilidad de su vigencia, porque se daría lugar a especulaciones procesales que no sólo resultan incompatibles con la buena fe que debe guiar a las partes en el proceso, sino que afectan seriamente la seguridad jurídica. (palazo a Clarín)

• Tanto los jueces como los litigantes deben perseguir la resolución definitiva de la controversia.

• No es posible tolerar que, a partir de la obtención de medidas cautelares una de las partes pueda desentenderse de la marcha del proceso principal o prolongar artificialmente su duración, ya que ello constituye un supuesto de ejercicio contrario a los fines de lo que la ley tuvo en miras al reconocer este tipo de medidas.

• Recuerda la Corte que las cautelares son resoluciones jurisdiccionales precarias, nunca definitivas. Señala que cuando las cautelares se hacen ordinarias y sustituyen a la sentencia definitiva, se crea un derecho precario, lo que constituye una lesión al objetivo de afianzar la justicia señalado en el propio Preámbulo de la Constitución Nacional.

• Es deber de las partes y del Juez solucionar el conflicto de modo definitivo en un tiempo razonable y no buscar  soluciones provisorias que se transforman en definitivas.

• La Corte distingue las cautelares como tutela urgente de los derechos fundamentales de aquellos casos meramente patrimoniales en las que se demanda al Estado. En estas últimas no está en duda la solvencia y por lo tanto no puede haber una excesiva prolongación.

Que la propia actora ubica el caso dentro del derecho de defensa de la competencia. Dice que el daño que le causa la aplicación del artículo 161 es la pérdida de licencias que le han sido concedidas y que la obliga a vender activos que detalla. Es decir, una cuestión de organización del mercado que existe en todo el derecho comparado y de naturaleza exclusivamente  patrimonial.

Que en cuanto a la protección de la libertad de expresión, esta Corte ha sido muy clara y consistente en su reconocimiento a lo largo de una extensa e importante jurisprudencia. Sin embargo, en la causa no hay más que una mención al tema, ya que la parte actora no aportó ningún elemento probatorio que demuestre de qué modo resultaría afectada esa libertad. Más aún, en los escritos de la recurrente no hay más que menciones generales, pero no existen argumentos que relacionen directamente la norma de desinversión con la libertad de expresión. (esto es letal para Clarín y no será desconocido por ningún Juez al momento de debatir la cuestión de fondo)

Decisión

1) Se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario federal y se confirma la sentencia apelada en cuanto rechazó el pedido de levantamiento de la medida cautelar y fijó su plazo de vigencia en treinta y seis meses.

2)  Que el plazo de 36 meses de la cautelar se cuenta a partir del 7 de diciembre de 2009 y vence el 7 de diciembre de 2012.

3) Que el plazo previsto en el art. 161 de la ley 26.522 venció el día 28 de diciembre de 2011 conforme surge de la reglamentación de la ley.

4) En consecuencia, estando vencido el plazo legal, y por efecto de la finalización de la cautelar, a partir del 7 de diciembre de 2012 vence la suspensión del art. 161 de la ley 26522 con respecto a la actora.

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La Ley de Medios está vigente en su totalidad y a partir del 7 de Diciembre de este año, lo estará sin exclusiones de ningún tipo, léase grupo.

La soberanía de la palabra es un hecho que este Gobierno se ha empeñado en recuperar, sin detenerse ante presiones de los otrora medios poderosos que hoy resultan una caricatura de la argentina del posibilismo, del fracaso de una época pasada, perimida y lejana que aunque se resiste, está condenada a quedar atrás porque estamos decididos a no ceder el diseño del futuro, la gesta de UNA NUEVA ÉPOCA.

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