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<<< BUROCRÁTICO Y AUTORITARIO <<<

Lo prometido, el final de mi nota previa con el tercer tema del 2013, la DEMOCRATIZACIÓN DE LA JUSTCIA.
Luego de leer el reportaje a la procuradora general de la Nación no hacía falta agregar nada más, está todo dicho y muy bien dicho y por eso aquí se reproduce. Esto identifica el debate, lo contextualiza y define las cosas como son. Además de estar dicho por alguien desde adentro, que cumple un rol fundamental en la autoconvocatoria de magistrados y funcionarios judiciales de esta semana, y que desempeña un alto cargo en el esquema del Poder Judicial de hoy.

Además, esta reunión se da inmediatamente después del discurso de apertura del año judicial que ayer diera el presidente de la Corte y previo al mensaje de apertura de sesiones legislativas que encabezará la presidenta que, sin dudas, se referirá al tema y se abrigan expectativas de propuestas para abordar el tema en reformas legislativas.

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Forma parte del contexto también las cuestiones pendientes en la Corte o que inevitablemente terminarán allí para resolución final, a saber, LEY DE MEDIOS, Cautelar en favor del diario La Nación por incumplimientos impositivos por 280 millones de pesos protegidos por una cautelar de 10 años, la renacionalización de la titularidad del predio donde funciona la Rural, la causa Papel Prensa a la que ayer Casación le dó el impulso que le faltaba desestimando recursos presenados por los abogados de los acusados Magnetto y Mitre, la cautelar que protege a Fibertel para que Cablevisión siga prestando ilegalmente un servicio para el que no cuenta con la licencia correspondiente, diversas presentaciones que el Grupo Clarín está haciendo en Cámaras Federales para nuevamente, intentar frenar la aplicación de la Ley de Medios, a pesar de la causa pendiente de resolución en la Camara en lo Clarín y lo Rural viajera controlada por el grupo Biltmore (por el nombre del hotel de Miami al que viajaron sus integrantes por la generosidad 5 estrellas del grupo Clarín y su controlada Certal) y muchas causas en las que se siguen procesando a los genocidas y recordemos que este año tendrá lugar el Juicio oral al procesado Jefe de Gobierno que NO SE SABE COMO HARÁ para zafar de una más que segura condena por la enorme cantidad de pruebas acumuladas que, avaladas y utilizadas como base por las 2 instancias Judiciales en las que se lo procesó, le imponen un futuro de encierro, y también ya se ha pedido elevar a Juicio oral la causa por la tragedia de Once en la que se ha notado una prontitud procesal desde la más absoluta libertad, demostrada en la amplitud de orígen de los 24 procesados, incluidos funcionarios del gobierno a los que, es de destacar, nunca nadie alzó la voz para encubrir o proteger y que por supuesto, fueron todos separados de sus cargos.
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REPORTAJE A GILS CARBO, PROCURADORA Y FIRMANTE DEL DOCUMENTO “JUSTICIA LEGITIMA”

“El sistema judicial es burocrático y autoritario”

Mañana comienza en la Biblioteca Nacional el encuentro abierto convocado por cientos de magistrados que firmaron el texto “Justicia legítima”. Una de las firmantes fue Alejandra Gils Carbó, la jefa del Ministerio Público Fiscal. En diálogo con Página/12, reveló entramados judiciales y adelantó la posibilidad de que surja una nueva asociación civil para impulsar una reforma.

 Por Martín Granovsky

A menos de un año de su nombramiento, a propuesta de la Presidencia y con acuerdo del Senado, la procuradora Alejandra Gils Carbó encara al mismo tiempo cambios en el organismo y participa del grupo cada vez mayor de jueces, fiscales y magistrados nucleados en “Justicia legítima”.

–¿Hay una reforma verdaderamente posible en el Poder Judicial y en el Ministerio Público Fiscal? ¿O el Ministerio Público encara una reforma para marcar un rumbo e influir sobre el Poder Judicial?

–Al menos en mi caso, al frente del Ministerio Público, intento adoptar modificaciones que como mínimo amortigüen los defectos del sistema. Hoy se llega a designar fiscales con un resultado medio cantado.

–¿En qué reside lo cantado?

–En la importancia que tiene un examen de antecedentes y títulos al que se le asigna cerca del 50 por ciento del puntaje total.

–¿Y por qué eso es malo, en su opinión?

–Porque pueden resultar favorecidos hombres solteros y mujeres solteras con tiempo disponible o acceso más fácil a posgrados y doctorados. Y no es posible que tenga un peso tan determinante. No está bien. A veces no trabajan. O, si ya están en la Magistratura, teniendo tareas no las hacen. Eso no me parece un parámetro que deba ser.

–¿Cuál sería el parámetro ideal?

–El que estamos por implementar, ya no como idea, sino como plan concreto e inminente. Vamos a privilegiar los exámenes de oposición. Vamos a darle importancia a lo que sirva para evaluar la capacidad del fiscal. Por ejemplo, su capacidad dinámica, su posible desempeño ante tribunales orales, compatible con el proceso que pensamos que se viene, con modalidad acusatoria.

–Es decir, con procesos judiciales donde la dinámica de la investigación la lleve a cabo el fiscal y no el juez.

–Y agrego otro requisito: el examen debe revelar el tipo de sensibilidad del funcionario. Lo que tenemos es un sistema judicial esencialmente burócrata. Vayamos quitando burocracia. Agreguemos transparencia. Por eso queremos que además de un jurista invitado al concurso de oposición, haya un veedor de una organización no gubernamental que no sólo presencie el trámite, sino que emita un informe.

–¿Qué es un fiscal sensible?

–Un fiscal que sienta que está al servicio de la comunidad en lugar de creer que accedió a un cargo privilegiado con dinámicas corporativas.

–Hoy existe una combinación de evaluación de antecedentes, que representan el 50 por ciento del puntaje, examen escrito y examen oral.

–Queremos que al oral se llegue por haber aprobado el examen escrito, no por los antecedentes.

–¿Y los antecedentes cuándo se considerarían?

–Si el candidato o la candidata aprueban el escrito y el oral, entonces sí se evalúan los antecedentes. Pero en ese orden.

–¿Pesarían el 50 por ciento?

–No. Menos. Digamos, un tercio del total. Para todo este proceso una clave es el objetivo de garantizar el acceso universal a los cargos de la Magistratura, y al decir Magistratura englobo tanto el Ministerio Público Fiscal como el Poder Judicial. En el caso del Ministerio Público, no puede ser que los jurados se integren con fiscales de la misma jurisdicción. Si no, se favorece esa especie de sistema de padrinazgos que termina constituyendo una suerte de familia política judicial. Es como si el nuevo fiscal le debiera el cargo al padrino.

–¿Hoy es así?

–El Consejo de la Magistratura muchas veces lo aplica y lo considera válido. Yo lo critiqué. Esto permite los padrinazgos y los parentescos, muy fuertes en las jurisdicciones del interior del país, pero no sólo allí. En la Justicia nacional también hay nombramientos cruzados: la esposa de, el hijo de. Tengo el Ministerio Público lleno de parientes que no nombré yo. No puede ser que el parentesco y las relaciones de sociabilidad como los padrinazgos sean las normas no escritas que orienten las designaciones y las carreras.

–¿Cómo se puede comenzar a cortar esa trama?

–Primero echando luz sobre estas prácticas consuetudinarias que son contrarias a los intereses de la comunidad. Así como alejan al Poder Judicial de la sociedad, lo acercan a los factores de poder que manejan los hilos de la Magistratura. Tiene que haber cambios no sólo legales y reglamentarios. Si hay algo que caracteriza a esa estructura es el autoritarismo, porque pretende unificar todo bajo esos patrones en lugar de guiarse por el pluralismo y el debate.

–Ya dijo que el Poder Judicial, o la Magistratura, son burocráticos y autoritarios.

–Sí. Burocráticos y autoritarios. Por eso tiene que haber un cambio cultural. Creo en el poder transformador de la cultura. Cada persona dentro suyo tiene una conciencia moral. Cuando se revelan estas prácticas tan alejadas de las que debe tener un funcionario, esto tiene que generar un rechazo. Una de las medidas que vamos a tomar es el dictado de un código de ética para actualizar las nuevas patologías.

–¿Patologías?

–Por ejemplo, los magistrados que reciben prebendas encubiertas como becas y viajes académicos, y a veces viajes de turismo. Y el peor aspecto de los parentescos: no sólo se verifican en los tribunales, sino entre magistrados y, a veces, imputados.

–¿Y por qué haría falta un código de ética específico? ¿La confusión de intereses entre un magistrado y un imputado no va contra la ley si ambos están como partes o como protagonistas de una causa judicial?

–Bueno, es obvio que eso debe generar la inmediata excusación del magistrado.

–Si existe la ley, ¿para qué el código de ética?

–Para reforzar el debate abierto. Es un proyecto que debatiremos con representantes de la sociedad civil. En la Justicia hay muchas cosas que aclarar. Cosas que fueron dichas por altos estamentos judiciales.

–En diciembre del año pasado, la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial y la Asociación de Magistrados dijeron que el Poder Judicial estaba siendo atacado por el Ejecutivo.

–Y a principios de enero cientos de magistrados, que llegamos muy pronto a ser 680, reaccionamos porque no queremos complacencia con promiscuidades con los poderes fácticos y hegemónicos. Fue el documento “Justicia legítima”.

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–Mañana y pasado se encontrarán en la Biblioteca Nacional. Eso es sabido. Lo ignorado es qué pasos concretos darán.

–Saldrá de las discusiones. Quizá pueda emerger un documento que haga más concretas las propuestas de cambio que pretendemos generar. Este es el momento adecuado para dar un giro al sistema judicial, después de treinta años de estabilidad democrática. También puede constituirse una asociación civil para ayudar a que los cambios puedan realizarse. No podemos quedarnos solo con reformas normativas para ejercitar una retórica cuando todavía permanecen intactos los mecanismos internos de disciplinamiento o de manipulación. La dependencia judicial se maneja en las sombras, no cuando sale uno a quejarse de una sentencia que le parece injusta. Eso es parte del escrutinio público al que están sometidos todos. Es un examen público saludable. Cuando alguien de nosotros, en la Magistratura, recibe una crítica, no puede ser que se sienta difamado. Es parte de la actitud burocrática y autoritaria.

–Insiste con los burócratas.

–Es burócrata el que sigue un ritualismo exacerbado, sobre todo en los procesos civiles. Se avanzó en la oralidad especialmente en lo penal. Pero continúa en general esa enorme distancia entre el juez y las partes. El juez conoce a los abogados, no a las partes. A veces ejerce una imparcialidad mal entendida, porque se manifiesta impasible ante las desigualdades. Se limita a ver los hechos del caso sin considerar los conflictos sociales que subyacen detrás de un caso. Todos esos actos responden a una lógica burocrática de eludir los temas de fondo. Cuando asumí como procuradora, vi que no había una unidad especializada en narcotráfico y narcocriminalidad. ¿Qué queremos? ¿Que un fiscal con diez empleados pueda luchar solitario contra poderosas bandas internacionales? Ridículo. Por eso creamos la Procuraduría contra la Narcocriminalidad, o sea un sistema de persecución penal adecuado a la complejidad del siglo XXI. ¿Sabe qué es un burócrata? En mi caso, descubrir que la narcocriminalidad no puede ser materia de un fiscal solitario y quedarme sentada. Supuestamente cumplo con mi trabajo, me pagan el mismo sueldo y evito los problemas. Eso es la burocracia rutinizada. Es un pensamiento conservador que no tiene ninguna eficiencia para dar una respuesta a la sociedad.

–¿Para qué serviría constituir una asociación civil a partir del documento?

–Si llegamos a un acuerdo sobre ese punto, para no quedarnos con la definición teórica de lo que debe hacerse. Tiene que haber una palabra que produzca sentido para que todo no quede en propuestas de reforma. Ya hubo propuestas de reformas de la Justicia que no dieron el resultado. Eso suele suceder cuando no se miran los fenómenos reales.

–¿A qué se refiere en concreto?

–Al Consejo de la Magistratura. Debería estar más abierto a la participación ciudadana. Que esté abierto sólo a jueces y abogados es funcionar con un cuerpo cerrado y endogámico. Por qué no médicos, por qué no ingenieros, por qué no gente sin título universitario, por qué no gente ajena a la corporación y a sus constantes toma y daca… Miremos el caso del juez Luis Armella. Estuvo en una de las causas de mayor exposición, en la que se hicieron todos los negocios imaginables.

–La del Riachuelo.

–Sí. Quizás Armella sintió que tenía el colchón suficiente para seguir firmando sentencias. ¿Qué puede pensar un ciudadano que hoy tiene un fallo con la firma de Armella? ¿Cómo no vamos a hablar de que es necesario un cambio?

–¿A los firmantes de “Justicia legítima” los unifica el kirchnerismo?

–No. Y además, los funcionarios judiciales no suelen estar tan politizados. Por lo pronto, tienen vedado afiliarse a un partido político. Ahora, eso es una cuestión y otra es la necesidad de contar con una política judicial sana, de comunicación, de transparencia en la información judicial y administrativa.

–Y si excede al kirchnerismo, ¿también excede el caso Clarín o el conflicto por las cautelares a raíz de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual?

–Excede absolutamente esa cuestión. Tiene que haber un disgusto muy grande para que personas tan disímiles se alcen contra un comunicado cuya redacción se atribuía a ministros de la Corte. No es propio de la magistratura rebelarse. Es que debe existir algo muy fuerte que estuvo alimentando este sentimiento de indignación, de no querer ser parte de un entramado de relaciones corporativas, con agentes externos que son contrarios a los intereses de la sociedad.

–Ningún ministro de la Corte Suprema firmó ese documento con su nombre o apellido.

–Debo pensar entonces que no estaban todos de acuerdo. Mire, igual la situación no tiene vuelta atrás. Y no la tiene por la fuerte sensación de que la Justicia no debe ser como antes y no volverá a ser como antes. Hay un debate, hay ideas, hay proyectos. Algunos de los que firmamos, por los puestos que ocupamos, tenemos posibilidades de reglamentar y ejecutar. Es el caso de la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, y es el caso del Ministerio Público Fiscal. Haremos la reforma de los concursos. También estamos hablando con los decanos de universidades del conurbano para crear un régimen de pasantías. Esto va a traer un cambio cultural que atacará el oscurantismo de los pasillos tribunalicios que dominó hasta ahora.

–Volvamos por un segundo al comunicado atribuido a miembros de la Corte Suprema. Además de la respuesta con el documento “Justicia legítima”, ¿qué generó en el día a día de la vida en Tribunales?

–El comunicado es de una minoría que intenta arrogarse una representación. Ni siquiera tienen que ver con el interés del resto de los magistrados. Detrás de eso se vio una pretensión de establecer alianzas estratégicas para trabajar un proyecto personal de poder que no tiene que ver con la función judicial. Es una manera de subvertir las funciones de la magistratura, que debe servir al interés común.

–¿Debo interpretar que hay un enfrentamiento entre la procuradora y la Corte Suprema?

–Ya le dije: no englobaría a toda la Corte en los comunicados, si es que fue eso lo que generó la reacción. Si no, habrían firmado todos los ministros. Y no firmó nadie.

–Usted no sólo hace críticas por burocratismo, sino por autoritarismo. ¿Tan vertical es la Magistratura?

–Al hablar de autoritarismo me refiero a otra cosa: a que en la mayor parte de la historia argentina, la Justicia legitimó regímenes autoritarios. Y déjeme volver al Ministerio Público: es uno de los más atrasados de Latinoamérica. No se desarrolló la autonomía institucional y la consagración del sistema acusatorio. El Ministerio Público sigue teniendo una organización en espejo respecto del Poder Judicial. Imita sus funciones aun cuando son distintas. Pienso, al contrario, que debe responder al dinamismo, porque debe llevar adelante la investigación.

–El distrito más poblado del país tiene sistema acusatorio: la provincia de Buenos Aires. ¿La Magistratura bonaerense es un modelo?

–Obviamente incorporar el sistema acusatorio no es suficiente. Si no se produce un cambio cultural, siempre se trasvasará todo lo viejo. Si no, los funcionarios se reproducen. Y ésa no es precisamente mi idea ni la idea de quienes nos reuniremos en la Biblioteca Nacional.

PROYECTO SOBRE DECLARACIONES DE FISCALES

Juradas, pero no secretas

Además de los nuevos concursos que explicó en la entrevista publicada en estas páginas, la procuradora Alejandra Gils Carbó dijo a este diario que se propone implementar un programa de transparencia que incluya un reglamento de acceso a las declaraciones juradas de los fiscales.

Según la jefa del Ministerio Público Fiscal, “el actual reglamento de acceso a las declaraciones juradas es restrictivo del derecho de la ciudadanía a acceder a la información pública”. Uno de los papeles de trabajo a los que tuvo acceso Página/12 sostiene que el sistema actual “dificulta el acceso a la ciudadanía en general” porque establece requisitos “que resultan de difícil superación” y permite “interpretaciones que suelen limitar o directamente impedir el acceso a las declaraciones juradas”.

Otro de los puntos del llamado Programa de Transparencia es ampliar el área de atención a las víctimas “para garantizar la protección de los derechos” y acercar las víctimas al Ministerio Público “como actor fundamental en la representación de esos derechos e intereses”.

El plan contempla “mecanismos de atención directa y personalizada” para acceder a la Justicia: líneas telefónicas, mail, chats e incluso locales del Ministerio Público Fiscal con atención personalizada.

Habrá también un Portal de Gobierno abierto y un portal de noticias para difundir la información que producen las unidades especiales y la Procuraduría, la información de las fiscalías y los dictámenes de la procuradora y de los procuradores adjuntos ante la Corte Suprema.

En cuanto al código de ética, el texto dice que “debería prevenir incorporar aquellas situaciones reñidas con la ética que son propias del sistema judicial argentino”. El caso concreto sería la regulación sobre conflictos de intereses, regalos y viajes.

Otro punto será un reglamento para compras y licitaciones. Ese reglamento podría incluir “un mecanismo para dar prioridad a distintos actores sociales de relevancia”, como cooperativas de trabajadores, fábricas recuperadas y el Ente Cooperador Penitenciario. <>
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Este debate dentro del Poder Judicial se lo ve enriquecido en función de su propalación puertas afuera. Y está bien. Se deben derribar los muros que protegen al sistema y sus integrantes para que se incorporen cada vez mayores grados de involucramiento de la sociedad e su conjunto. Hay que acercar los estrados judiciales y sus Jueces a los ciudadanos de a pie, a la gente.

Por eso, me animo a decir que sería una buena medida la reglamentación de los Jurados integrados por personsa del común, con o sin título universitario, que puedan participar de los procesos judiciales. También es imprescindible la digamos “limpieza” de Jueces por los muchos que todavía quedan que han jurado por las Actas del Proceso y que deberían ser removidos y reemplazados por quienes ganen concursos por antecedentes y oposición para cubrir esas vacantes y que juren por la Constitución Nacional. Obvio, deben pagar impuestos como todos los mortales y esa es otra forma de terminar con privilegios.

Bienvenido entonces este debate que a 30 años de estabilidad democrática, la política instala para que el Poder Judicial salde la deuda pendiente con la sociedad en la  democratización del sistema.

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<<< LA CORTE FALLO EN SU CONTRA <<<

El fallo de la Corte de ayer me obligó. Pensé que no pero acá estamos, comentando como la Corte falló en contra de la Corte, porque dicho en criollo, eso es lo que hizo con argumentos muy chiquitos, muy pequeñitos para provenir del más alto tribunal.

Fueron 2 los recursos que definió en su acordada de ayer la Corte Suprema de Justicia.

En primer término hablemos del PER SALTUM

En unas pocas líneas, apenas 6, sin entrar en mayores consideraciones, lo rechazó declarándolo inadmisible y refiriendo a un artículo de la reciente Ley regulatoria. De esta forma, nadie que no esté empapado en los resquicios legales y que tenga conocimiento cabal de la ley entenderá porque lo rechaza. La cuestión es que se supone que quien es beneficiado por una sentencia se supone no intenta esquivar la instancia superior a la que quien perdió apela. En otros términos, si el Juez de primera instancia Alfonso favoreció al gobierno con su sentencia convalidando la constitucionalidad de la ley, no puede ser el mismo gobierno beneficiado quien apele a la última instancia para saltear a la del medio, es decir la cámara.

Ese criterio se considera válido si fuera el único necesario pero debe aquí hacerse notar que al tiempo que se aduce el mismo como argumento para el rechazo, se está desconociendo el otro elemento que la misma ley que reguló al Per Saltum reconoce como requisito para acudir al mismo y es la GRAVEDAD INSTITUCIONAL. La corte rechaza el recurso sin analizar la GRAVEDAD INSTITUCIONAL invocada por el gobierno en su presentación. Políticamente, desconoce la gravedad y prioriza que no siendo el perdidoso no corresponde y rechaza y como veremos más adelante, al rechazar el recurso tampoco menciona al fallo de primera instancia que es REQUISITO FUNDAMENTAL,  aunque no desconoce sus efectos que beneficiaron al gobierno.  Teniendo en cuenta todo el asunto queda la sensación que la decisión política de la Corte era no avocarse a la cuestión de fondo ahora y para eso utilizó el argumento de que quien gana no apela para rechazar el recurso.
Finalmente, cabe destacar que aparte de la gravedad institucional el gobierno se siente AGRAVIADO porque el fallo del Juez Alfonso aceptó considerar al Grupo Clarín como litigante cuando alega que como Grupo Clarín no tiene ninguna licencia a su nombre, lo que jurídicamente se denomina “legitimación activa”. También el fiscal de la causa en su dictamen había resaltado esta falla de clarín, que no es de ahora sino que viene de lejos ya que tampoco cumplía con la norma anterior (la de Radiodifusión) estando en infracción operando licencias que no estaban a su nombre.

Entonces, que la Ley se haya votado hace más de 3 años y que el estado no pueda imponer su cumplimiento justamente al grupo que más la incumple en términos de ser el que más licencias excedentes tiene de acuerdo a lo que estipula la ley, no implica ninguna GRAVEDAD INSTITUCIONAL como para que la Corte se avenga a tratar la cuestión de fondo y acortar esos plazos que el pueblo siente se han alargado en demasía, en protección del monopolio mediático por cuyo accionar ha surgido este litigio.

Ahora analicemos el RECURSO EXTRAORDINARIO.

No puedo empezar sin decir que girones importantes del prestigio de la corte los han perdido al firmar este fallo. La Corte falló en contra de la Corte. Se han contradicho. Ya no podrán esgrimir coherencia y lo que es peor, ya no podrán esgrimir INDEPENDENCIA.

Quizás este párrafo debiera ir al final de la explicación que sigue pero este sentimiento es lo que disparó que le esté dando al teclado en este momento para decir estas cosas. Ya pasó la impotencia con ese poquito de bronca inicial que se siente ante la noticia. Ya leí el fallo y lo releo en las partes importantes y la escasez argumental de la corte es muy IMPORTANTE, y a fuer de ser redundante, es IMPORTANTEMENTE escasa. Hay muchas argucias legales para no ir al hueso. Hay muchas ambigüedades para no ir a fondo en nada.

La sensación es que se juntaron, se miraron, notaron en sus rostros una mueca de temor paralizante al pensar en ver los títulos del día siguiente que presentarían a las señorías como presionados por el gobierno y, creo yo, a lo que más temen por la historia reciente, por el desprestigio que conlleva, por sus egos personales y orgullo es que se los indique como CORTE ADICTA. En ese sentido, hacen lo que muchos que SE SIENTEN PARTE de esa casta-raza-sector-corpo etc, que son distintos y que una vez que llegan a esas poltronas los hace creer que están un poco más allá, a otra altura que el resto. Sienten la tentación de gobernar. Como “entienden” en cosas importantes, creen tener la potestad de decidir en tal o cual sentido, mayormente correctivo de esos simples legisladores cuyo único mérito para votar leyes ha sido el de que los elijan los que no son como ellos, los distintos, sino los otros, los iguales. A ellos los eligen por sus méritos a los otros apenas los votan.

Está clarísimo el interés de proteger al multimedio clarín, al menos en lo que se refiere al tiempo ya que no podemos aventurar como harán para dibujar un fallo que cuestione constitucionalmente los artículos en consideración. Pero hemos visto como se desdijeron de lo que habían fallado en Mayo de este año cuando por su propia decisión surge el 7D. En efecto, la Corte dijo que la cautelar caducaba ese día. La procuradora se los recordó en su dictamen no vinculante, pero a ellos no les importó, tan interesados en proteger a clarín estuvieron.

“El plazo de vigencia de la medida cautelar venció el 7 de diciembre pasado”, había dicho la Corte. Luego la Cámara, “se arrogó” la atribución de “revocar” la caducidad de la cautelar. El argumento fue que como no existía riesgo de que se prolongue eternamente el pleito por los apuros que impuso la Corte entonces era este el momento en que el “sentido conservativo” de la cautelar era más necesario para evitar luego la imposibilidad de que la sentencia de fondo sea eficaz. En otras palabras, si la cautelar no se prorroga y se liquidan sus licencias y luego Clarín gana entonces la sentencia de fondo no podría aplicarse porque el daño ya estaría hecho, entonces PROTECCIÓN TOTAL para clarinsito.
Para peor, el Grupo Clarín no esgrimió ningún argumento que muestre que cambiaron las circunstancias y “la verosimilitud del derecho” (las chances de que le den la razón) dejó de existir con la sentencia de primera instancia a favor del Gobierno. Pero el recurso extraordinario era anterior a la sentencia del Juez Alfonso por lo que la cuestión de la verosimilitud se descarta, no se tiene en cuenta. En este punto la argucia de la Corte es que el fallo de Alfonso no existe. Entonces, la cuestión de la verosimilitud perdida tampoco.
Recordemos que el recurso extraordinario del Gobierno que cuestiona la vigencia de la medida cautelar, prolongada por decisión de la Sala I un día antes del 7D, es anterior a la resolución de Alfonso.
Gils Carbó les dijo que el fallo de Cámara que se impugnaba “se desvió de la decisión de la Corte, desnaturalizándola y privándola de sentido”. O sea, les dijo que la cámara les mojó la oreja y les tocó alguna parte trasera pero la corte, impertérrita, lo ignoró, convalidando la cautelar, prolongándola más allá de la fecha en que ellos mismos habían dicho que vencía, llevándola hasta la sentencia definitiva que no es la de Alfonso sino que será la de la propia cámara.

Vamos ahora a otro punto muy controversial que es quizás junto con la extensión de la cautelar, el que más lesiona la credibilidad de la Corte. Aquí también esgrimen un tecnicismo legal para no decir palabra y otorgarle IMPUNIDAD a los jueces de cámara, cuyos jueces decidieron por la recusación contra ellos mismos declarándola inadmisible.

Volvamos con lo que dice la procuradora, quien opinó que los propios camaristas no debieron haber rechazado por inadmisibles las recusaciones previamente planteadas por la AFSCA contra ellos mismos. “El hecho de que los mismos jueces –cuya imparcialidad una parte pone en cuestión– se arroguen la atribución de juzgar sobre su propia imparcialidad controvierte una idea fundamental que subyace a las garantías constitucionales del debido proceso”,  Un punto realmente grave. “La recusación del juez Francisco de las Carreras exigía una evaluación sobre el mérito de la petición que obligaba a la intervención de jueces imparciales”, remarcó Gils Carbó quien fustigó: “La impertinencia de la decisión de la cámara en este aspecto es, a mi juicio, palmaria.”  Entonces, lo que hicieron estos jueces de cámara, para no ser apartados, mantener el control del expediente y demostrar la profundidad del sometimiento al monopolio, es declararse inocentes y aptos para entender en la causa. Clarín ya los había paseado con todos los gastos pagos y ahora ellos debían pagar la cuenta con su fallo y no podían correr el riesgo que un tercero dijera algo imprevisto que los aparte. Así, ellos mismos se protegieron, “por si las dudas”.

La argucia legal con la que la corte evitó referirse al tema fue que la recusación a los jueces había sido efectuada por el AFSCA mientras el recurso extraordinario que estaban analizando era presentado por el gobierno a través de la Jefatura de Gabinete y siendo que al momento de la presentación del AFSCA en el expediente para ser considerada como parte se la consideró aparte, entonces hubiera correspondido que el reclamo respecto a la decisión de los jueces de exculparse a si mismos para inmediatamente luego resolver la extensión de la cautelar debería de haber sido presentado por recurso de la propia AFSCA. Con este artilugio se define la IMPUNIDAD de los Jueces de cámara. Tiene mucha razón Gils Carbó cuando lo define como IMPERTINENCIA PALMARIA.
Obviamente que al tiempo que se esgrime esta excusa para no considerar la actitud indecorosa e ilegítima de los camaristas la corte evita cuestionarlos porque de hacerlo, debería invalidar el propio fallo de cámara, lo que hubiera dejado a clarín sin la protección interminable de SU cautelar. También hubiera tenido que definir la elección de otra Sala de cámara para entender en la apelación efectuada por clarín al fallo de primera instancia. Hubiera sido un escándalo y nunca se hace eso contra una corporación mediática del poder de clarín y tampoco se hace eso entre “pares”. Esto da la pauta de cuanta razón tiene la presidenta cuando dice que se juzgan (protegen) entre ellos. En este caso la protección les evitó un jury.

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El siguiente párrafo del dictamen de la procuradora (disculpen que lo repita) estará marcado a fuego en el desprestigio de la corte: “El hecho de que los mismos jueces –cuya imparcialidad una parte pone en cuestión– se arroguen la atribución de juzgar sobre su propia imparcialidad controvierte una idea fundamental que subyace a las garantías constitucionales del debido proceso y la inviolabilidad de la defensa en juicio: el juzgador imparcial, al que toda parte en un litigio tiene derecho”. 

Esto y la extensión de la cautelar a la que ellos mismos le habían puesto fecha de vencimiento, será una MANCHA que quedará marcada a fuego en esta corte a la que un día se le cayó la toga y mostró su otra cara.

(Me estoy midiendo, sepan entender. El párrafo que sigue podría estar al final, pero la fea sensación del fallo merece el corolario de esta nota) Este si será el último post del año. Nos vemos el año que viene cuando la realidad lo imponga. Esperemos esto sea una cuestión de tiempo y que la ley pronto se pueda aplicar sin excepciones. Levantemos la copa bien alto para saludar el año que entra que nos encuentra ante el desafío de repetir el 55% e incluso mejorarlo porque como siempre, vamos por más.)

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Que difícil resulta tocar intereses de privilegio de las corporaciones. Recordemos que el dictamen del fiscal ya había dicho que clarín no podía presentarse como lo hace en la causa cuando ya incumplía la vieja Ley de Radiodifusión. La corte es la misma que aunque sea por omisión, avaló el desquicio manual en el manejo de subrogancias que más que una cuestión legal y de procedimiento parecía una agencia de empleo, sacando jubilados de la nada para ofrecerles juzgados con la condición de aceptar el sometimiento imperante desde la propia presidencia de la cámara que ejercía antes el famoso y deshonesto juez Recondo, disertante en el congreso de clarín con el nombre de Certal efectuado en Miami al que estos magistrados LES ENCANTA concurrir porque les hace sentir que PERTENECEN. Y a la corte todo esto le pareció JOYA y como nunca aquí cabe la vieja frase de MUTIS POR EL FORO. Lo silenciaron. No quisieron quitarle a clarín sus jueces naturales.

Finalmente decir lo siguiente: 146 diputados fueron la amplia mayoría que el bloque del FPV construyó cuando era minoría en la cámara baja para aprobar la Ley. Luego 44 senadores la aprobaron en el senado. No hace falta decir que el conjunto del pueblo argentino está  representado en el parlamento y sin embargo un Juez jubilado-subrogante fue necesario para dictar la cautelar que luego de 3 años y 3 meses todavía protege a clarín e impide la aplicación de la Ley. A ese juez jubilado lo sostienen los jueces de cámara y ahora los de la corte. Menos de 15 personas impiden la total puesta en vigencia de la ley aprobada por los representantes del pueblo y que fuera ratificada por los 12 millones de votos que obtuvo la presidenta en su reelección hace poco más de un año. Ocurre que los presidentes y legisladores pasan y las corporaciones y los jueces quedan.

La corte suprema de justicia (así en minúscula) ayer le atestó un duro golpe a la igualdad ante la ley, le hizo una zancadilla a la seguridad jurídica y magnificó el estado de indefensión que siente el simple ciudadano cuando no se ve defendido por quienes están en los estrados judiciales para preservar el estado de derecho que implica que nadie puede estar por encima de la ley, salvo que se llame clarín, es el mensaje de ayer de los cortesanos.

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<<< EXPRIMIENDO A REPOSO <<<

Terminemos con el tema Reposo, ya fue. Al monopolio le salió el tiro por la culata. Ya hay nueva postulante y es intachable. Y volvió Marcelo. Ingleses, allá vamos,  al G-20 también.

El golpe tremendo que la oposición política sufrió en las elecciones y la legitimidad actual del gobierno lleva a estos sectores a mostrar el tema Reposo como una derrota. Las corporaciones mediáticas encabezadas por clarín y nación intentan resaltar el hecho de la derrota personal de la presidenta, que no tuvo más remedio que aceptar bajar a su candidato porque la votación en el senado no tenía futuro. Es la primera vez en mucho tiempo, diría desde la traición de Cobos con la 125, que una propuesta del gobierno que debía pasar por el filtro del congreso no iba a ser acordada, lo que gatilló la renuncia del postulante.

Ya se ha dicho que Reposo no era el mejor candidato y que su desempeño en las audiencias públicas no cristalizó enamoramiento alguno sino que por el contrario, ahuyentó algún posible indeciso que todavía no tenía definido su voto lo que finalmente  precipitó su renuncia. No voy a caerle pesadamente al hombre por sus escasas cualidades para el cargo. Creo que Reposo hizo el gasto y se expuso al gaste y por eso me parece de una mezquindad inmensa la actitud de quienes aún hoy, cuando ya hay nueva postulante nominada por el ejecutivo, todavía siguen criticando a Reposo por sus falencias.

En realidad lo que buscan a toda costa es infringirle una derrota a la presidenta, que antes que la votación ocurra, con reflejos de lince, bajó la postulación, lo que en política significa aceptar el error. Y como somos humanos, cualquiera puede equivocarse y el punto importante que deliberadamente se ignora es que más grave que el error en sí mismo hubiera sido pecar de soberbia y no reconocerlo. Corregir sobre la marcha también es una virtud, sobre todo cuando se podría haber porfiado en el intento y obtener el objetivo.

Es necesario recordar que el sistema actual que se aplica para la elección del procurador general es producto de sendos decretos del 2003 cuando Néstor Kirchner definió el procedimiento para la elección de los postulantes a Jueces de la Corte Suprema, que también quedó establecido para el caso de vacancia del Jefe de los Fiscales. Por lo tanto, a la presidenta le hubiera bastado la firma de un decreto similar modificando el requisito de los 2/3 de los votos y llevarlo al de simple mayoría para la elección de Reposo y su pliego hubiera sido aprobado con holgura. No lo hizo.
Tampoco intentó la presentación de un proyecto de Ley que estableciera la simple mayoría para la aprobación del postulante, lo que hubiera jerarquizado institucionalmente el procedimiento, y lo hubiera elevado al rango de Ley. En el camino hubiera quedado el decreto de Néstor pero creo que Cristina, antes de modificar algo sustancial hecho por Él, y como en este caso, algo tan importante como el método de selección de postulantes a cargos de semejante envergadura en la Justicia, valorado unánimemente por todos los sectores, se corta una mano. Tal es el grado de devoción y valoración que tiene para con su compañero, en este caso ampliamente justificado por la trascendencia que tuvo aquél decreto que sirvió para modificar la corte menemista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resulta hermoso leer el esfuerzo que hicieron el fin de semana y ayer los escribas y voceros del grupo monopólico para encontrar una veta desde la cual cuestionar a la Dra. Alejandra Gils Carbó. Es un grave problema el que tienen. La fiscal general de la cámara comercial se opuso a la fusión de Multicanal y Cablevisión allá por los tiempos en que Néstor la había firmado. Cuestionó las decisiones inconsultas del directorio de Papel Prensa, cuestionó a los jueces que avalaban con sus decisiones los intereses de clarín, en fin, un cúmulo de apelaciones fundadas que pusieron en aprietos la más de las veces a los jueces, a las corporaciones y también al gobierno. El tema es que tiene una vasta experiencia, claras posiciones asumidas y fundamentadas con sabiduría leguleya que resulta inabordable para cuestionarle actos o decisiones. La mayoría de las veces (por no decir la totalidad) sus fallos eran apoyados por la procuración, es decir por su antecesor en el cargo, el Dr. Esteban Righi.

En definitiva, Reposo ya fue. Se esquivó la derrota con reflejos, saliendo hacia adelante y, otra vez, como siempre, doblando la apuesta. No hubo derrota porque no se llegó a la votación. Hubo error en la designación del postulante. Se corrigió al nominado y se preservó el procedimiento. Se cuidaron las instituciones y no hubo ni caprichos de reina ni nada forzado o autoritario, mucho menos dictatorial como ridículamente vociferaban los caceroleros del pasado jueves, con su eco mediático. De la equivocación, virtud.

Aunque la orden que viene de arriba es DESESTABILIZAR, (ya lo veremos pronto, me estoy refiriendo a magneto, obviamente), el tema Reposo ya no da para más. La corrección se hizo, vino de donde debía venir y las mayorías seguimos viendo firmeza en la conducción del barco y el modelo sigue adelante, funcionando, a pesar del contagio externo que actúa como un cierto freno de algunos valores de actividad económica, proveniente de los ajustados vientos de crisis que llegan de europa. Dicha desaceleración se festeja en el monopolio intentando mostrarla no como afectación sino como la crisis propia del modelo que ya empieza a hacer agua. Nada de eso. Una vez más, sus catastróficos pronósticos se verán contrariados por la realidad, que indica que aunque a menor ritmo, SEGUIMOS CRECIENDO.

Volvió Tinelli. Eso es bueno o malo? Convengamos que estar pendientes de las peleas que se van a suscitar, o de si fulanito o menganita bailó bien o si le faltó energía porque puede más y no lo sacó, no puede ser nunca algo bueno en tanto se pierden de vista algunas, y se tapan otras cuestiones. Quizás la absorción del foco de atención que concentra, como se ve hoy reflejado en todos los diarios, compense un poco el clima de tensión, EL CAMBIO DE CLIMA que los editorialistas intentaron describir y que justo viene el tipo del 13 a cambiar lo que a ellos les cuesta tanto instalar.

No va a hablar ni mucho menos tapar las agresiones a los periodistas que cuando son oficialistas, sólo les falta decir que se las merecen porque van a provocar. Si alguien tiene alguna duda de lo que es la “construcción de sentido” que hacen los medios monopólicos, si alguien tiene alguna duda de la “distinta vara” con la que miden un mismo hecho con protagonistas distintos, si alguien tiene alguna duda de como siguen operando estos medios con, por ejemplo, el procesamiento a Macri confirmado por la Cámara de Casación (en cuestiones penales equivalente a la Corte Suprema) que no mereció ningún titular catastrófico a toda página en los diarios pero siguieron insistiendo con el tema Boudou, repitiendo lo que ya dijeron hace mucho respecto a la carta que firmara cuando era ministro de economía sin objetar el plan de pagos propuesto. En fin. Lo que ya sabemos y, fundamentalmente, lo que ellos ya saben que sabemos.

 

 

 

 

Pronto volveremos a escuchar las versiones de que Tinelli puede comprar canal 13. Y es posible. A la pregunta de si Tinelli cuenta con el dinero suficiente, hay que analizar que sería ese canal sin Tinelli, a quien se le vence el contrato que lo amarra con el 13, justamente, a fin de año, coincidente con el plazo de adecuación que le impone al grupo clarín la Ley de Medios. Y Magnetto debe de estar reuniéndose con la viuda para decidir si se quedan con el cable o con el canal. Inexorablemente, deberán desprenderse de uno de esos 2 negocios. La disyuntiva básica es esa, Cablevisión-Multicanal o canal 13. Y si optan por el 13, TN ya no podrá tener cobertura nacional y deberá circunscribirse al AMBA, es decir, área metropolitana y Buenos Aires. Momento de definiciones en el monopolio, que deberá dejar de ser lo que hoy es. No será fácil. Veamos que todavía no modificaron la grilla de canales y uno no entiende porqué eso todavía cuesta tanto imponerlo.

 

 

 

 

 

Se va pronto de viaje nuestra presidenta a presentar nuevamente nuestra queja y reclamo de soberanía al Comité de Colonización de Naciones Unidas. Luego reunión del G-20 al que parece que concurrirá la RESCATADA España. Veremos con que cara Rajpy dice algo de YPF cuando le pusieron cien mil millones de euros para rescatar a los bancos españoles y garantizar el hundimiento del país, que no ocurrirá hoy pero, lamentablemente, lo veremos pronto. A prepararse para los discursos y las tergiversaciones con las que como siempre nos intentarán sorprender los medios.

Ingleses, allá vamos. Con la palabra como única arma, contra sus poderoso e inútil submarino nuclear.

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